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La Legislatura de Córdoba avanzó en innovación y apertura a la sociedad

Más allá de las restricciones sanitarias, el Poder Legislativo que encabeza el vicegobernador Manuel Calvo logró afianzar nuevas modalidades de funcionamiento apoyadas en las tecnologías, propiciando a la vez un mayor acceso de la ciudadanía a la actualidad parlamentaria.

No es novedad que la pandemia, de la mano de los cambios que impuso, aceleró en la gran mayoría de los casos ciertos procesos de adaptación a las nuevas tecnologías que, por una razón o la otra, venían siendo postergados. La urgencia de innovar y adoptar formas modernas y efectivas de interacción se hizo patente en todas las actividades, tanto en el plano individual como en las grandes organizaciones.

Las restricciones decretadas por Nación desde el primer trimestre de 2020 fueron aprovechadas por el Poder Legislativo provincial para avanzar en un viraje serio y eficiente hacia lo digital, en consonancia con su plan de concretar una “Legislatura Abierta”, que pueda ser apropiada por la ciudadanía y percibida por los cordobeses como un espacio que los recibe y los representa de forma transparente, ágil y actualizada.

Sesiones

Sin dudas la forma más visible de esa adaptación estuvo en las reuniones del pleno parlamentario, que apenas a cuatro meses de inaugurado el edificio del nuevo recinto debieron pasar a celebrarse de manera virtual, a través de videoconferencia y con la presencia de unos pocos legisladores en la sede de la Unicameral.

El cambio se hizo efectivo a poco de decretado en marzo el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), extendiéndose hasta el 30 de diciembre. Esa fue la fecha de la última reunión plenaria de 2020, dando un total de 34 sesiones virtuales sobre 43 que se realizaron en el año.

Tal cantidad de sesiones significó 119 horas de transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la Legislatura, permitiendo seguir en tiempo real los debates semipresenciales que desembocaron en la sanción de 56 leyes, 15 resoluciones y 876 declaraciones.

Otro tanto sucedió con las reuniones de las 22 comisiones permanentes, encuentros virtuales realizados todas las semanas en la plataforma Zoom para el debate y la búsqueda de acuerdos acerca de los respectivos proyectos de ley. Fueron 239 a largo del año.

Hacia lo digital

Al acceso remoto a sistemas internos con conexiones seguras para el teletrabajo de los empleados y funcionarios, puesto en marcha a los 15 días del ASPO, se agregó en septiembre de 2020 la implementación de la firma digital, mediante la cual el Vicegobernador y los titulares de las cuatro secretarías parlamentarias cuentan con esta herramienta tecnológica certificada.

Aplicable a cualquier documento de carácter público o privado, la firma digital permite avanzar en cuestiones de seguridad, eficiencia y transparencia en la gestión legislativa, asegurando el origen de un documento o mensaje y verificando que su contenido no haya sido alterado, para así garantizar su integridad y autoría.

En el mismo sentido, a través de un convenio entre la Dirección de Asuntos Legales de la Legislatura y el Poder Judicial de Córdoba, se adhirió a la gestión de los oficios judiciales digitales, la herramienta tecnológica que permite acceder electrónicamente a los oficios procedentes del Poder Judicial y responder los requerimientos que se formulan. La Legislatura gestiona por mes un promedio de 100 expedientes judiciales, que ahora pueden ser resueltos de manera segura, rápida y a distancia.

Por último, está previsto que en los primeros meses del 2021 entre en funcionamiento el llamado Sistema de Gestión Legislativa Digital, que facilitará llevar adelante la totalidad del proceso legislativo de manera virtual, desde la presentación de un proyecto de ley o de resolución, hasta el trabajo de las diferentes comisiones y la firma digital de la Resolución de la Cámara.

En palabras de Manuel Calvo: “Contar con un expediente digital es esencial en estos tiempos, no solo para mejorar la eficiencia, usar menos papel y aprovechar el trabajo virtual, sino también para estar alineados a la Ley 10.618, que establece las bases para la simplificación, racionalización y modernización administrativa, garantizando una pronta y efectiva respuesta a los requerimientos de la ciudadanía y una eficiente gestión de los recursos públicos”.

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