Este miércoles, la Comisión de Legislación General de la Unicameral cordobesa, encabezada por la legisladora María Victoria Busso, dio aval al proyecto de ley 40346, iniciado por el legislador Pablo Ovejeros.
La iniciativa busca sustituir la denominación de la “Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza” por la de “Dirección General de Educación Pública de Gestión Privada”, en la Ley 5.326 y en las demás normas reglamentarias, complementarias o que hagan referencia a ese organismo y/o sus autoridades y funcionarios.
Cabe destacar que la educación pública de gestión estatal o privada ha sido y sigue siendo un símbolo de Argentina, en general, y del Gobierno de la Provincia de Córdoba en particular, apostando por la valorización de la escuela pública de gestión estatal y gestión privada.
De esta manera, contando con despacho favorable de comisión, el proyecto será tratado en la próxima sesión plenaria.
Armonización de leyes
En el año 2006 fue sancionada la Ley de Educación Nacional 26.206, la cual entiende que el sistema educativo está integrado por los servicios de gestión estatal y de gestión privada de todas las jurisdicciones del país, los cuales abarcan los distintos niveles, ciclos y modalidades.
En tanto, en el año 2010 la Legislatura de Córdoba sancionó la Ley de Educación Provincial 9.870, la cual observa que el sistema educativo provincial está integrado por los servicios educativos públicos de gestión estatal, los servicios educativos municipales y los servicios educativos públicos de gestión privada.
Atento a lo anterior, es necesario mencionar que, si bien la creación de la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza está determinada por la Ley 5.326, la misma fue sancionada para un ecosistema de aprendizaje que no se corresponde con los cambios acaecidos entre la última década del siglo 20 y las dos primeras del 21.
Es por ello que, existiendo normativa nacional y provincial vigente, es necesaria la armonización legislativa para adaptar los términos utilizados en una norma particular, es decir aquella que trata sobre una gestión estatal particular a la normativa general tanto nacional como provincial y nacional, siendo estas, además, posteriores.
De esta manera, el objetivo que persigue el proyecto consiste en la posibilidad de subsanar cualquier denominación que genere algún tipo de duda respecto a la interpretación de la misma.
