La aprobación fue por unanimidad y con elogios de todos los bloques por el trabajo realizado junto a los representantes de los profesionales.
Los psicomotricistas de Córdoba contarán a partir de ahora con matrícula habilitante, tras la sanción de la ley que regula la actividad profesional en el ámbito de la provincia.
La aprobación, que se dio en la 39° sesión ordinaria del 145° período de la Legislatura, fue por unanimidad y con elogios de todos los bloques por el trabajo realizado junto a los representantes de los profesionales, quienes estuvieron presentes en la primera convocatoria de la Unicameral presidida por la vicegobernadora Myrian Prunotto.
Al momento de saludar a los presentes, Pruntto expresó: “Comparto la alegría de quienes realizan esta importante actividad, por este logro tan esperado. Se ha realizado un valioso trabajo conjunto y hoy se ha dado un marco legal para una profesión que cada día cobra mayor trascendencia por su labor en pos de la autonomía y la inclusión de las personas”.
La normativa establece los requisitos para el ejercicio de la profesión en el ámbito de la provincia de Córdoba y crea el Registro de Matriculados en Psicomotricidad en la órbita del Ministerio de Salud. La inscripción en el mismo será un requisito indispensable y obligatorio para los profesionales, que además podrán contarán con credenciales acreditantes.
Durante la sesión, estuvieron presentes Matías Sotomayor, presidente de la Asociación Federal de Psicomotricistas; Mariana Etchegorry, decana de la Facultad de Educación y Salud “Dr. Domingo Cabred” de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC); Luciana Martínez, directora de la carrera de Licenciatura en Psicomotricidad; y Daniel Artazar, secretario Académico de la UPC.
Estos fueron acompañados por los siguientes especialistas: Verónica Ávila, Beatriz Ramírez, Fernanda Córdoba, Nora Bezzone, Romina Barrientos, Juliana Zamboni, Juliana Perrone, Carla Sargiotto, Alejandra Ferrero, Verónica Rova, Alina Domijan, Ana Laura Comba, Cecilia Andrea Moroncini, Gerardo Nieva Allue (Asesor Letrado AFeP) y Graciela Agüed.
Tras la sanción, el Poder Ejecutivo tendrá 180 días para su reglamentación.
