En la decimoctava sesión ordinaria de la Legislatura de Córdoba, presidida por el vicegobernador Manuel Calvo, se aprobó el proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo, que ratifica el Decreto N°462/23 que establece la creación del Fondo de Financiamiento Ambiental.
Este fondo pertenece al Plan Provincial para la Gestión Integral de Residuos dependiente del Ministerio de Gobierno y Seguridad de la Provincia de Córdoba. La disposición constituye un marco programático de acciones y estrategias diseñado en torno al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable para el año 2030.
En este sentido, la iniciativa tiene por objeto contribuir con los municipios, comunas, comunidades regionales, entes u organismos intermunicipales, cooperativas y entidades, cuyo objeto este vinculado a la gestión de residuos y/o al cuidado del ambiente, para la inversión en: infraestructura para gestión integral de residuos, ampliación de módulos de disposición final, construcción de centros ambientales de transferencia o tratamiento y reacondicionamiento de su infraestructura; equipamiento y logística para gestión integral de residuos; cicatrización de basurales a cielo abierto, todo ello en el marco del Plan Provincial para la Gestión Integral de Residuos.
Así, el legislador Adrián Rinaudo fue el encargado de exponer los alcances del proyecto.
“Se destinará un monto de $ 1.500.000.000 al Fondo de Financiamiento Ambiental, siendo estos subsidios no reintegrables, pero se requerirá una rendición de cuentas para asegurar la transparencia en el uso de estos recursos. El Ministerio de Gobierno y Seguridad trabajará en conjunto con la Secretaría de Ambiente para garantizar el adecuado uso de estos fondos. Además, los faculta con la posibilidad de establecer acuerdos con otras entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, universidades y actores relevantes para cumplir con este plan”.
En ese sentido, el legislador Rinaudo mencionó que “este fondo representa un avance significativo hacia la protección del medioambiente y el cuidado de nuestros recursos naturales”.
Dicho plan se estructura en función de los ejes de regionalización, cicatrización de basurales a cielo abierto, alianzas estratégicas, inclusión social y educación ambiental, modernización y actualización normativa, innovación para la gestión de residuos bajo el paradigma de la economía circular, financiamiento ambiental y plan integral para residuos específicos.
En su turno, la legisladora Nadia Fernández dijo que “este proyecto hace a una política pública y a los nuevos desafíos que se nos presentan. Y se necesita para el abordaje de grandes problemas ser lo más disruptivos posibles para que podamos tejer alianzas estratégicas”.
Por otra parte, la vicepresidenta de la Unicameral explicó que para cualquiera que esté al frente de una gestión, la disposición final de los residuos “es un verdadero inconveniente, así como su recolección, que se lleva entre el 20 y el 30 por ciento de cualquier presupuesto municipal”.
En esta línea, Fernández resaltó: “Los municipios necesitan de otros abordajes para hacerse cargo de los residuos y su disposición final, pero desde un paradigma nuevo: el de la economía circular. Son nuevos desafíos que cualquier dirigente, líder, intendente, referente que pretenda gestionar un municipio tiene que tener en cuenta, algo de lo que no se hablaba hace diez años. Hoy los residuos son combustibles, son dinero, son materia prima para otros productos y subproductos”, cerró Fernández.
A su turno, el legislador Alberto Ambrosio expresó que los temas ambientales son “casi esenciales, vinculados a la calidad de vida de las personas” y que “prestarle debida atención y asignarle los fondos necesarios para que se desarrollen politicas ambientales a partir de gestionar los residuos sólidos urbanos de la manera que corresponde, incorporando capacitación, tecnología, y los espacios adecuados, es una politica que debe convertirse naturalmente en una política de Estado”.
La normativa establece que el Ministerio de Gobierno y Seguridad será la Autoridad de Aplicación con competencia para entender en las relaciones con los municipios, comunas y comunidades, regionales, en la implementación de políticas públicas que promuevan el desarrollo e integración de las regiones, como así también colaborar y asesorar a los gobiernos locales en cuestiones vinculadas al desarrollo urbano y otros.
La sanción del proyecto contó con el acompañamiento de todos los bloques, con la excepción del FIT Unidad que se abstuvo.
