En su decimonovena sesión ordinara, la Legislatura de Córdoba aprobó en general y por unanimidad las modificaciones referidas a la situación de revista, cobertura de cargos y llamado a concurso para el personal superior previstas en la Ley 9.361, del Escalafón para el Personal de la Administración Pública Provincial, y la Ley 7.625, sobre el Régimen de Personal del Equipo de Salud Humana. La sesión estuvo presidida por Oscar González, presidente provisorio del Poder Legislativo.
Cabe destacar que el proyecto en cuestión llegó al recinto con dos despachos emitidos por las comisiones de Trabajo y de Legislación General, que tuvieron a su cargo el tratamiento: uno por la mayoría y otro por la minoría, elevado por el bloque Coalición Cívica ARI.
Con la sanción de esta ley se establece, en el Régimen de Personal del Equipo de Salud Humana, que los agentes del nivel operativo accederán al derecho de promoción (ascensos) una vez al año, previo cumplimiento de todas las condiciones exigidas. En tanto, para el acceso a la promoción para las categorías que van de la 1 a la 9, se establece un período fijo de dos años, así como otro de tres años para las categorías 10 y 11.
Otro aspecto relevante vinculado a Salud, indica que cualquier agente público que posea título y matrícula habilitante para el ejercicio profesional de disciplinas afines tiene derecho a solicitar el cambio de grupo ocupacional, para cumplir funciones en hospitales públicos provinciales u otras dependencias asistenciales.
Respecto al Escalafón para el Personal de la Administración Pública Provincial, se fija un plazo de 60 días para que el Poder Ejecutivo convoque a concurso de títulos y antecedentes para “la cobertura de cargos del personal que integra el Tramo Ejecución del Escalafón General y el Nivel Operativo del Equipo de Salud Humana”. Para acceder a esta convocatoria, los agentes deberán acreditar una antigüedad igual o superior a dos años dentro de la Administración Pública Provincial al 31 de diciembre de 2021. También deberán estar libres de sanciones y contar con evaluaciones de desempeño satisfactorias, además de los requisitos particulares al cargo concursado.
Del mismo modo, se definen las condiciones para acceder a la cobertura de cargos para el personal superior. “En el caso de un concurso desierto se realizará una nueva convocatoria de la que pueden participar todos los agentes que cumplan los requisitos mencionados”, establece la norma.
José Pihen, miembro informante de la iniciativa y autor del proyecto junto a Sara García y Diego Hak, explicó los alcances de las modificaciones de la Ley.
El legislador aseguró que “todos los trabajadores que están comprendidos en el proyecto que estamos tratando están en la Administración, y no implica una erogación mayor presupuestaria en materia de sueldos, por una sencilla razón, y es por algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pero es la realidad: los que pasan a Planta pasan a la categoría más baja. Es decir que hay trabajadores que pueden incluso llegar a cobrar algo menos pasando a Planta y ganando su estabilidad”.
Al referirse al Estatuto del Personal de la Administración Publica, Pihen reconoció que “le debemos al gobierno radical del doctor Angeloz que en su artículo 89 estableció que los gremios reconocidos para representar a los trabajadores de la Administración Pública son el SEP y la Unión del Personal Superior”, Y agregó: “Este proyecto no tiene ni una coma, ni un punto que no sea a favor de los trabajadores. Creo en el cambio democrático y a través del cambio democrático vamos a ir llevando las iniciativas que defiendan los intereses de los trabajadores dentro de las posibilidades que nos da el ordenamiento político, democrático y social para que podamos seguir adelante con esta reivindicación”, cerró.
A su turno, el legislador Alberto Ambrosio expresó el apoyo de su bloque a que todo trabajador, después de un tiempo transcurrido, “pueda gozar de la estabilidad que le permite desarrollar su actividad como corresponde”, aclarando que a su parecer “esta ley adolece de muchos defectos, pero los parches son parches, no necesariamente son soluciones de fondo y este es un parche que naturalmente le va a resolver el problema a los trabajadores”.
En otro tramo del debate tomó la palabra la legisladora Noelia Agüero, para expresar el apoyo en general desde Izquierda Socialista – FIT Unidad, aunque rechazó en particular el artículo 11 referido a las comisiones evaluadoras, porque “impide la participación democrática en cuanto no contempla a los distintos sindicatos que actúan en el ámbito de la provincia de Córdoba”.
Por su parte, el bloque MST también votó a favor de la ley en general y rechazó en particular los artículos 8; 10; 11 y 16 del proyecto.
Finalmente, el despacho en minoría elevado por la Coalición Cívica ARI equivalió a los votos en disidencia de su representante, la legisladora Cecilia Irazuzta, a quien se sumaron los miembros de Encuentro Vecinal Córdoba.
Trabajadores y trabajadoras de distintos sectores siguieron de forma presencial las instancias del debate parlamentario.
En debate
Esta décima novena sesión incluyó tres pedidos de informes referidos al estado de las obras de construcción y refacción incluidas en el Plan de Inversiones Públicas 2021, así como al estado de ejecución del Programa 763/1, de reparación y construcción de edificios dependientes de la Policía de la Provincia. En estos temas se expresaron los legisladores Gerardo Grosso, del bloque Encuentro Vecinal Córdoba (EVC), Marcelo Cossar, de Juntos UCR (JUCR) y la legisladora Victoria Busso, de Hacemos por Córdoba (HpC).
En otro orden, fue llevado al debate un pedido de informe de Juntos UCR, referido al costo económico y productivo generado por la nueva normativa para acceder a divisas en el mercado único de cambios. Lo mismo ocurrió con otra solicitud, del mismo bloque, acerca de la aplicación de la Ley N° 10721, de Promoción y Desarrollo para la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía. En ambos casos hicieron uso de la palabra los legisladores Patricia De Ferrari Rueda (JUCR) y Juan José Blangino (HpC).
En último término se abordó un pedido de informe sobre el cobro de coseguros de la Administración Provincial de Seguro de Salud (APROSS) en hospitales provinciales del interior. Hablaron las legisladoras María Rosa Marcone (EVC) y Liliana Abraham (HpC).
