Las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General recibieron a los ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad para referirse a dos proyectos que buscan modificar la Ley de Seguridad Pública y el sistema de control disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Córdoba.
Alfonso Mosquera, responsable de la cartera de Seguridad, inició la explicación del proyecto de transformación del Tribunal de Conducta Policial y que abarcará al Servicio Penitenciario, a la Policía de la Provincia y a la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Recordó que la ley que creó el mencionado tribunal cumplió 17 años y que resulta necesario generar un “salto en la calidad institucional” que contemple “un control externo de las conductas de quienes la componen”.
En ese sentido, el ministro explicó que el nuevo órgano de control disciplinario propuesto por el Poder Ejecutivo se caracterizará por ser “civil, democrático y sin pertenencias ni ideológicas ni políticas”.
En una detallada exposición, Mosquera dijo también que estará compuesto por cinco representantes, uno por cada una de las siguientes instituciones: Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia y DDHH, Ministerio Público Fiscal, Legislatura y Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC. Remarcó la “incompatibilidad total y absoluta” de que personal policial integre el tribunal y destacó que “la ampliación de la composición constituye un significativo avance y un antecedente en el país”, señaló. Dijo además que la presidencia corresponderá, de manera permanente, al Ministerio Público Fiscal.
En cuanto a la estructura, informó que dispondrá de una Dirección de Control e Investigación, con otras dos direcciones, y también una Defensoría de las Fuerzas de Seguridad.
Al referirse a los cambios en la tipificación de las sanciones y de las causales, el ministro de Seguridad destacó aspectos innovadores al incluirse sanciones sustitutivas y correctivas: tratamientos terapéuticos, reparación de daños causados o tareas comunitarias, entre otros.
Ley de Seguridad Pública
En una segunda parte, Mosquera habló del proyecto de modificación de la Ley 9235, de Seguridad Pública y Comunitaria.
Anunció la creación del Sistema Público de Seguridad Ciudadana, que será el encargado de diseñar las políticas de seguridad de la provincia.
“Tendrá una amplia base de participación de las instituciones”, dijo Mosquera. Detalló que estará compuesto por el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia y DDHH, Ministerio Público Fiscal, Legislatura, Consejos de Políticas Comunitarias, Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana, Observatorio de Convivencia y Seguridad, y los Consejos departamentales y barriales de prevención y convivencia.
“Estos proyectos de ley no son contra las Fuerzas de Seguridad, son con ellas”, concluyó el ministro.
Por su parte, Julián López, titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, hizo una síntesis de los pilares que sustentan ambos proyectos.
En ese sentido, destacó “la mayor democratización por el control civil” de las Fuerzas de Seguridad; la “mayor transparencia” por la creación de registros (uso de armas, violencia institucional, etc.) y obligatoriedad de informes periódicos; “independencia” del órgano disciplinario cuya presidencia corresponderá al Ministerio Público Fiscal; y “protección” de quienes están bajo los regímenes disciplinarios, que dispondrán de asistencia judicial, social, etc.
López destacó la importancia de los cambios que pretende el Poder Ejecutivo en materia de seguridad y solicitó, al final de su exposición, el mayor consenso por parte del cuerpo legislativo.
Los ministros respondieron finalmente las preguntas de los legisladores.
