Representantes de 20 organizaciones y entidades de distintos ámbitos expresaron sus posturas respecto al paquete de leyes económicas para el 2024. Fue en el marco de la Audiencia Pública Legislativa y luego de la aprobación en primera lectura de los proyectos de ley de Presupuesto General para la Administración Pública Provincial para el año 2024, Ley Impositiva para el ejercicio 2024 y modificaciones al Código Tributario Provincial (Ley 6006 TO 2023).
La reunión estuvo presidida por Nadia Fernández, vicepresidenta de la Legislatura, acompañada por autoridades de Cámara y legisladores. Cabe recordar que esta instancia está prevista en la Constitución Provincial y el Artículo 117 del Reglamento Interno de la Unicameral, y funciona como una oportunidad para que los ciudadanos expresen sus opiniones sobre los proyectos de ley.
Entre otras organizaciones presentes, estuvo el Colegio de Abogados, representado por su vicepresidente, Antonio Contreras, quien destacó que el presupuesto está trabajando con metas “que se están cumpliendo”, y pidió rever las tasas se justicia.
“El presupuesto trabaja con metas que se están cumpliendo, así que estamos conformes con eso. Lo que sí queremos hacer es renovar el pedido de reducción de las tasas de justicia, que desde el año 2011 están atada sal JUS”, expresó.
Maximiliano Vittar, de la Asociación Inquilinos Córdoba, entre otros conceptos elogió los beneficios fiscales para que los propietarios pongan en alquiler sus viviendas.
“Quiero elogiar este encuentro, porque es importante escuchar las partes de la sociedad civil respecto a la ley madre para cualquier provincia, municipio o provincia, que discute cómo van a asignarse los recursos para el año siguiente. Queremos destacar los beneficios fiscales en el impuesto inmobiliario para aquel propietario que ponga en alquiler su vivienda. Nosotros venimos trabajando en ese incentivo para que se pongan las viviendas en alquiler”, indicó Vittar.
A su turno, Federico Cortelletti, secretario General de Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (A.G.E.P.J.), se refirió a la carrera judicial de los empleados del Poder Judicial.
“Durante y después de la pandemia la litigiosidad explotó y y no estuvo acompañada por la dotación de personal. No hubo un correlato entre el personal y el volumen de causas, y eso repercute en la carrera de los trabajadores judiciales y en el servicio de justicia”, señaló.
Sobre el final, Carla Sánchez, de Juntas por el Derecho a la Ciudad y Red por el Acceso a un Hábitat y Alquiler Justos, pidió que se establezca un mínimo para el desincentivo de la vivienda ociosa.
“En la actualidad, no se establece un mínimo para el desincentivo de la vivienda ociosa. Solo se pone un tope. Entonces, lo que queremos pedir es que se pueda incorporar ese mínimo”, reclamó.
