Este jueves, en el Auditorio de la Democracia de la Legislatura de Córdoba, se llevó a cabo el acto de cierre y entrega de certificados del curso “Lenguaje claro aplicado a la labor parlamentaria”, destinado a legisladores, asesores y asistentes legislativos.
La capacitación fue organizada por la Dirección de Capacitación y Extensión Legislativa de la Unicameral, junto con el Instituto de Capacitación Legislativa (ICL) y el espacio de formación del diario Comercio y Justicia. Participaron más de 40 personas, entre legisladores, asesores y asistentes legislativos. Estuvo a cargo de destacados especialistas: la doctora Cristina Carretero González, quien participó desde España de manera virtual; el doctor Leonardo Altamirano; la licenciada Valeria Colella; y el abogado Guillermo Carlos Arias, actual secretario legislativo.
Fueron parte del encuentro Martín Álvarez, director de Capacitación y Extensión, quien agradeció en nombre de la vicegobernadora Myrian Prunotto el compromiso de todos los presentes; y Silvina Bazterrechea y Carolina Klepp, del equipo de Capacitaciones de Comercio y Justicia.
Durante la jornada, se destacaron los beneficios de incorporar el lenguaje claro a los procesos legislativos. Esta herramienta permite mejorar la comprensión de leyes, ordenanzas y documentos institucionales, garantizando que los mensajes lleguen con claridad a toda la ciudadanía.
Ley de Lenguaje Claro
Cabe destacar que esta formación se enmarca en la Ley de Lenguaje Claro, iniciativa que fue aprobada por unanimidad en la sexta sesión ordinaria del 22 de mayo del año pasado y forma parte de un conjunto de acciones que impulsa la Legislatura de Córdoba para modernizar y fortalecer la gestión parlamentaria, en línea con los principios de transparencia, participación ciudadana y accesibilidad.
El lenguaje claro se caracteriza por el uso de expresiones sencillas, párrafos breves y la inclusión solo de los tecnicismos necesarios. Puede aplicarse en la redacción de leyes, sentencias judiciales y comunicaciones públicas dirigidas a la comunidad, de manera tal de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a comprender la información pública.
