La Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la Legislatura de Córdoba se reunió este martes por la tarde para tratar dos proyectos de ley relacionados con la profesión de trabajo social en la provincia de Córdoba.
De común acuerdo entre los legisladores, se resolvió que ambas iniciativas continuarán en estudio.
Por un lado, se analizó el proyecto de ley 42674, iniciado por los legisladores Matías Chamorro, Miguel Siciliano y Nadia Fernández, que regula el ejercicio de la profesión de trabajo social en cualquiera de sus ramas o especialidades, en el ámbito provincial.
Asimismo, se trató el proyecto de ley 42675, también iniciado por Chamorro, Siciliano y Fernández, que crea el Colegio de Profesionales en Trabajo Social de la provincia de Córdoba, el cual desarrollará sus actividades y ejercerá sus derechos y obligaciones como persona jurídica pública no estatal.
La reunión fue encabezada por la presidenta de la comisión, Silvina Jurich, quien informó que, más adelante, se realizará otro encuentro en la Unicameral en el que participarán profesionales de las universidades vinculados con el trabajo social. De ellos y de otras instituciones afines surgieron las ideas de reformar las leyes vigentes y adecuarlas a los tiempos que corren. Chamorro tomó nota y elaboró los proyectos respectivos.
Las iniciativas apuntan a “la necesidad de actualizar las leyes vigentes, para brindar un marco legal actualizado, fortalecer la profesión con las nuevas concepciones teóricas, reconocer la especificidad de los campos de intervención de los trabajadores sociales y garantizar un mejor servicio a la comunidad”.
“Trabajo social” en vez de “servicio social”
La intención del proyecto 42674 es actualizar la ley vigente 7.341, que regula el ejercicio del trabajo social en Córdoba, ya que esta normativa data de 1985. En una adecuación de la terminología profesional, se pretende cambiar el nombre de la profesión: llamarla “trabajo social” en vez de “servicio social”, como está establecido en la 7.341.
La idea es derogar esta ley, que tiene 40 años de existencia. Y también se busca redefinir la profesión con un lenguaje actual y fundamentos éticos y teóricos; ampliar su campo de ejercicio adaptándola a los nuevos paradigmas y detallar las incumbencias profesionales; regular derechos y obligaciones profesionales; exigir la matriculación como requisito indispensable (sin afectar títulos y matrículas anteriores); y mejorar la redacción general, incorporando un enfoque más preciso, técnico y moderno.
Asimismo, el proyecto adhiere a la ley nacional 27.072 (del año 2014), que establece el marco general para el ejercicio profesional del trabajo social en todo el territorio argentino.
Colegio de Profesionales en Trabajo Social
En cuanto al proyecto 42675, la intención primordial es cambiar la denominación del Colegio de Profesionales de Servicio Social de Córdoba (estipulado así en la ley vigente 7.342, también de 1985, y que se pretende derogar) por Colegio de Profesionales en Trabajo Social de Córdoba. Buscar efectuar una reforma integral, actualizada y progresiva del marco normativo que regula al actual Colegio.
En este sentido, el proyecto actualiza el funcionamiento, estructura y alcances del Colegio de Profesionales en Trabajo Social de Córdoba; amplía sus funciones y finalidades, incorporando un enfoque de derechos humanos y perspectiva social (no sólo matricula sino que actúa ante vulneraciones de derechos, propone aranceles, impulsa la formación, y articula con el Estado y la sociedad civil); crea una estructura organizativa provincial y regional, con delegaciones y subsedes (descentralización territorial); regula autoridades, procesos electorales, régimen disciplinario, sanciones, recursos económicos y ética profesional, entre otras cosas; y se ajusta a la ley nacional 27.072 y a la nueva ley de ejercicio profesional propuesta.
“El proyecto de modificación de la ley 7.342 representa una reforma integral, actualizada y progresiva del marco normativo que regula el Colegio Profesional de Trabajo Social en Córdoba”, indica la iniciativa. Luego continúa: “Pone en valor la especificidad de la disciplina, fortalece su organización democrática, institucional y territorial, y la adapta a los nuevos paradigmas del trabajo social, necesidades profesionales y marco legal nacional”. Y concluye: “Se trata de una reforma clave para dotar de legitimidad, jerarquía y autonomía al colectivo profesional en defensa de los derechos sociales en la provincia”.
