Las comisiones de Seguridad y de Legislación General de la Legislatura de Córdoba trataron este martes a la tarde, de manera conjunta, tres proyectos de ley que buscan regular la actividad náutica y el uso con fines de navegación en lagos, lagunas, ríos, arroyos y cursos de agua en el territorio de la provincia. La intención es mejorar las tareas de prevención, control y fiscalización en los espejos de agua de Córdoba.
Con observaciones de algunos legisladores que se tendrán en cuenta en la redacción final, el proyecto compatibilizado de seguridad náutica de la provincia de Córdoba obtuvo despacho favorable de ambas comisiones. Se trataría este miércoles en la nueva sesión ordinaria de la Legislatura cordobesa.
La pretensión es actualizar la ley provincial vigente, que data de noviembre de 1968, y mejorarla para hacerla más acorde a los tiempos que corren.
Entre sus aspectos principales, el proyecto de ley dispone: control de alcoholemia para el conductor designado de la embarcación; creación de la Patrulla Náutica Provincial para proteger la vida y los bienes de las personas que disfrutan de los espejos de agua de Córdoba; uso obligatorio del chaleco salvavidas para cada persona que se encuentre en embarcaciones; exigencia de seguros; control de estupefacientes; y carnet o autorización para la navegación.
La reunión fue encabezada por Nadia Fernández (presidenta de la Comisión de Seguridad) y Victoria Busso (titular de Legislación General). Participó el director de Seguridad Náutica provincial, Adrián Berelejis.
Los proyectos de ley compatibilizados son:
- 38861/L/24 (de las legisladoras Nadia Fernández, Ileana Quaglino, Ariela Szpanin y la exlegisladora Natalia Quiñónez). Regula la actividad náutica; crea el Registro Provincial de Infractores y Accidentes Náuticos, y la Comisión Provincial de Seguridad Náutica y Costera, Medio Ambiente y Saneamiento Hídrico; deroga las leyes 5.040 y 6.345; y modifica la ley 8.264.
- 39821/L/24 (iniciado por el legislador Ignacio Sala). Regula la actividad náutica; crea el Registro Provincial de Infractores y Accidentes Náuticos, y la Comisión Provincial de Seguridad Náutica y Costera, Medio Ambiente y Saneamiento Hídrico; modifica los artículos 3 y 4 de la ley 8.264; y deroga las leyes 5.040 y 6.345.
- 38584/L/24 (iniciado por la legisladora Ariela Szpanin). Incorpora el artículo 11 bis a la ley 5.040, Régimen de la Actividad Náutica, estableciendo la obligatoriedad de uso del chaleco salvavidas para cada tripulante de todo tipo de embarcación, a motor o a vela, que se ubique dentro de los límites de la línea de ribera de los ríos y espejos de agua de la provincia.
Los legisladores Agustín Spaccesi, Gustavo Botasso, Gustavo Tévez, Oscar Tamis e Ignacio Sala sugirieron introducir modificaciones a diversos artículos del proyecto.
En la reunión, estuvieron presentes los legisladores Walter Nostrala, José Bría, Graciela Bisotto, Matías Chamorro, Inés Contrera, María del Rosario Acevedo, Rodrigo Agrelo, Brenda Austin y Stella Peralta, además de Spaccesi, Botasso, Tévez, Sala, Tamis y Szpanin. De manera virtual se sumaron Raúl Figueroa, Julieta Rinaldi, Marcelo Eslava, Viviana Martoccia, Abraham Galo, Enrique Rébora, Juan Blangino y Nancy Almada.
Trabajo conjunto y articulado
Nadia Fernández destacó el arduo trabajo que se hizo para lograr un proyecto común y articulado, con la participación de distintos actores e instituciones, entre ellos la Policía de Córdoba (a través del Duar), la Dirección de Seguridad Náutica provincial y la Prefectura nacional.
“La intención es contribuir a la seguridad integral en los espejos de agua de la provincia; se necesita con urgencia esta ley ante la inminente llegada de la temporada de verano, de modo que la autoridad provincial pueda utilizarla para cuidar a la gente”, enfatizó la vicepresidenta de la Unicameral.
Fernández también indicó que la Patrulla Náutica Provincial “tendrá facultades para prevenir situaciones que ponen en riesgo la vida de los cordobeses y de los turistas que visitan Córdoba para realizar actividades acuáticas”.
El objetivo es “organizar y diagramar operativos de control y prevención, para garantizar la seguridad”, señaló después.
Por su parte, Szpanin expresó: “La idea es tener una ley acorde a los tiempos que vivimos, y acorde a una Córdoba turística”. Además, anticipó que se constituirá una comisión que deberá reglamentar la ley, en la que participarán todos los actores involucrados y legisladores de los diferentes bloques.
Berelejis, a su turno, dijo que “se trabajó mucho” en esta ley. “El proceso fue largo pero enriquecedor, con muchos aportes; se logró una legislación superadora a la actual; esperemos que nos dé herramientas para mejorar la gestión de la actividad náutica provincial, con más medidas preventivas”, ponderó.
Personas con discapacidad
Más tarde, la Comisión de Legislación General ratificó por unanimidad dos proyectos de ley que ya tenían despacho favorable de las comisiones de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad y de Salud, tendientes a garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Se trata del proyecto de ley 39591/L/24, que modifica el inciso 1 del artículo 12 de la ley 9.277 (creación de la Administración Provincial del Seguro de Salud -Apross-) y otorga atención especial a la persona con discapacidad permanente o semipermanente. Esta iniciativa es de los legisladores Inés Contrera, Carlos Carignano, Matías Gvozdenovich, Graciela Bisotto, Nancy Almada y Gustavo Botasso.
El otro proyecto de ley ratificado por Legislación General es el 40491/L/24, que instituye la primera semana del mes de octubre de cada año como Semana de la Concientización y de Acciones de Capacitación sobre la Parálisis Cerebral. Pertenece a los legisladores Inés Contrera, Carlos Carignano, Ariela Szpanin, Ariel Grich, Gustavo Botasso, José Bría, Lucas Valiente, Miguel Nicolás, Oscar Saliba, Patricia Botta, Rodrigo Agrelo, Nancy Almada, Stella Peralta, Cristina Pereyra, Carmen Suárez, Federico Alesandri, Gregorio Hernández Maqueda y Graciela Bisotto. Las fundaciones Faros y Alegría habían pedido esta iniciativa.
Asimismo, se decidió que continuará en estudio de Legislación General el proyecto de ley 37694/L/23, que promueve los derechos de las personas gestantes, regula la actuación de los profesionales y establecimientos de salud en los casos de defunción fetal. Es una iniciativa introducida por los legisladores actuales Nadia Fernández, José Bría, Cristian Frías y Juan Peirone, y las legisladoras de mandato vencido María Eslava y Noelia Brizuela.
