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La Legislatura de Córdoba es modelo de austeridad a nivel nacional

La Unicameral tiene un presupuesto anual que equivale apenas a un cuarto de lo que tienen asignado otras legislaturas de provincia o distritos similares. A eso se suma su premiado modelo de transparencia de datos.

La Legislatura de la Provincia de Córdoba es un modelo de austeridad en el gasto público a nivel nacional, toda vez que cumple todas sus tareas con un presupuesto de apenas un cuarto de lo que demanda el funcionamiento de legislaturas de distritos similares, a lo que suma una muy eficiente relación entre cantidad de población y costo.

Alcanza con remitirse a los números oficiales, es decir a los que brindan los ministerios de Hacienda o Economía de cada distrito, para comprobar que la Unicameral cordobesa tiene asignado para 2024 un presupuesto anual que asciende a $ 18.123.344.000, lo que representa sólo un 0,43% del presupuesto total de la Provincia de Córdoba, que es de $ 4.207.312.051.000 para el año en curso.

Para comparar con una provincia de similares características, tanto en cantidad de pobladores como en calidad territorial, se puede ver que el presupuesto anual de la Legislatura de Santa Fe asciende a $ 66.110.611.000, lo que representa el 1,65 por ciento del total de esa provincia vecina, que es de $ 3.996.840.092.000), es decir casi cuatro veces mayor en porcentaje que el de Córdoba.

También se pueden cotejar ambos casos con el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ya que con sus $ 69.105.933.035 de presupuesto anual, la Legislatura de la Capital Nacional demanda el 1,21% del total de ese distrito, que alcanza a los $ 5.720.097.399.499.

Entre Ríos presenta un cuadro similar al de CABA, ya que con $ 15.459.920.000, la Legislatura de esa provincia se lleva el 1,23 % del presupuesto total del distrito, que es de $ 1.257.264.080.000.

Un caso hacia el otro extremo es el de La Rioja, donde su Legislatura demanda anualmente $ 10.815.150.081, lo que implica el 1,67 % del presupuesto de esa provincia, que asciende a $ 646.455.311.966.

Por sólo citar otro ejemplo, en porcentaje del presupuesto provincial, la Legislatura de la provincia de Formosa demanda el doble que la de Córdoba, con 0,86 %.

La más parecida a Córdoba, con un presupuesto legislativo apenas superior, es la provincia de Mendoza, donde su bicameral se queda con un 0,44% del gasto total provincial, aunque se debe tener en cuenta que se trata de un distrito con la mitad de habitantes que el territorio cordobés.

Costo por habitante

Si a las mismas cifras las cotejamos en relación a la cantidad de habitantes de cada provincia, la Legislatura de Córdoba se mantiene a la vanguardia de las más austeras, ya que su funcionamiento completo demanda apenas $ 4.719,50 por año para cada ciudadano que habita su territorio según el Censo 2022, lo que equivale a un costo mensual por cápita de sólo $ 393,29.

La Legislatura de Santa Fe, siempre según las cifras del último Censo nacional, implica una inversión anual de $18.649,46 por cada habitante de esa provincia, a razón de $ 1554,12 por mes.

Un poco más le cuesta su legislatura a los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que alcanza un gasto anual de $ 22.137,23 o $ 1.844,77 mensuales por cada residente en ese distrito.

En el otro extremo de la Unicameral de Córdoba se encuentra la Legislatura de La Rioja, que demanda por cada habitante de esa provincia un costo de $28.174,36 anuales o $ 2.347,86 mensuales.

En el comparativo, un ciudadano riojano tiene que aportar casi seis veces más que un cordobés para el funcionamiento de su Legislatura provincial.

Transparencia

A la austeridad de sus gastos, la Legislatura de Córdoba suma su prestigiosa transparencia.

Según el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL), la Unicameral cordobesa alcanzó en la última medición un puntaje de 66.79 %, lo que la ubica en el primer lugar de América Latina.

El índice ILTL es una herramienta promovida por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, que reúne a 31 organizaciones de la sociedad civil de 15 países de la región, y es coordinada por la Fundación Directorio Legislativo.

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