La Comisión de Economía y Presupuesto de la Legislatura de Córdoba se reunió esta tarde para completar su organización interna y tratar diversos asuntos. Fue la primera reunión formal del año en curso de esta comisión, presidida por el legislador Ricardo Sosa (Hacemos Unidos por Córdoba) y con Oscar Tamis (PRO) como vicepresidente.
En el arranque de la reunión, precisamente, Tamis propuso que Víctor Molina (UCR) sea el vicepresidente primero de la comisión, moción que fue aceptada por sus miembros.
También estuvieron presentes en la comisión los legisladores Ileana Quaglino, Julieta Rinaldi, María Victoria Busso, Verónica Navarro Alegre, Leonardo Limia, Juan José Blangino (del bloque Hacemos Unidos por Córdoba), Graciela Bisotto (UCR), Karina Bruno (Córdoba), Walter Gispert (Frente Cívico) y Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal).
Deuda pública
Durante el primer tramo de la reunión, las autoridades de la comisión informaron –en base a informes del Ministerio de Economía y Gestión Pública provincial– sobre diversos aspectos referidos a la deuda pública de la Provincia, a partir de un proyecto de resolución iniciado por el legislador Agrelo (bloque Encuentro Vecinal).
El informe del Ministerio de Economía y Gestión Pública provincial se refiere a “la deuda pública del Estado provincial como consecuencia de la devaluación del peso”. Y consigna: “El incremento en pesos de la deuda pública provincial surge como consecuencia de la variación del tipo de cambio de 365,95 pesos a 799,95 pesos”. Asimismo, precisa que “el stock en moneda extranjera al 31 de diciembre del 2023 asciende a 2.148 millones de dólares”.
Otro asunto fue el de las previsiones financieras de la Provincia para cumplimentar el pago de las mayores erogaciones, debido a la devaluación de la moneda nacional. En este sentido, el informe del Ministerio de Economía y Gestión Pública indica: “El Gobierno provincial está considerando previsiones referidas al análisis de posibilidades financieras, disminución de gastos no esenciales y mejora en la gestión de la recaudación, llevando adelante las mejores prácticas en la estrategia política y fiscal que redunden en hacer sostenibles las finanzas provinciales”.
Asimismo, el informe del citado Ministerio indica que al 31 de enero de 2024 el monto total de la deuda pública de la Provincia asciende a 2.138.386.738 dólares.
También consigna sobre los vencimientos de deuda durante el 2024 y hasta precisa a cuántos meses de recaudación provincial equivale la deuda de la Provincia.
A su turno, la oposición planteó la necesidad de conocer los motivos del Gobierno cordobés para tomar nueva deuda, la cual, según se informó, rondaría los 500 mil millones de pesos. En directa relación, manifestó su interés en saber si estos fondos se destinarían a cancelar compromisos anteriores, para nuevas inversiones en infraestructura o para afrontar gastos corrientes. Tras pedir la palabra, Gispert anticipó que realizará un pedido de informes por las vías institucionales formales.
Desde el bloque oficialista –en la voz del presidente de la comisión– se remarcó que Córdoba tiene superávit financiero, lo cual permitió desarrollar un importante plan de obras en toda la provincia y obtener avales suficientes para acceder al crédito internacional. Además, se aclaró que esos préstamos fueron destinados para infraestructura y no para gastos corrientes.
La oposición también solicitó aclaraciones respecto de algunos puntos del informe, que fueron dadas por las autoridades de la comisión.
Pedido del radicalismo
El segundo asunto presentado fue un proyecto de resolución iniciado por los legisladores del radicalismo Daniela Gudiño, Brenda Austin, Graciela Bisotto, José Bría, Inés Contrera, Carlos Carignano, Alejandra Ferrero, Fernando Luna, Miguel Nicolás, Oscar Saliba y Ariela Szpanin.
En este proyecto, piden que la comisión cite al ministro de Economía y Gestión Pública a fines de que informe sobre las previsiones financieras del Gobierno provincial ante la devaluación de la moneda.
En este aspecto, las autoridades de la comisión se comprometieron a convocar a los funcionarios de Economía y Gestión Pública para que brinden informes en próximas reuniones.
