Este lunes se reunió en la Legislatura de Córdoba, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, con el fin de tratar las denuncias radicadas ante este órgano.
El cuerpo presidido por la legisladora Julieta Rinaldi (Hacemos Unidos por Córdoba) recibió a Aída Tarditti, vocal del Tribunal Superior de Justicia, con quien analizaron las presentaciones, a puertas cerradas.
También asistieron los legisladores Facundo Torres Lima (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Osvaldo Nicolás (Unión Cívica Radical) y Walter Oscar Gispert (Frente Cívico de Córdoba), todos integrantes del Jury.
En Córdoba las reglas que se aplican en el procedimiento de enjuiciamiento surgen de la ley 7.956, modificada por la ley 9.026 en el año 2002, que establece el carácter reservado de las actuaciones mientras no exista una resolución que declare admisible la denuncia.
Las denuncias ante el Jurado pueden ser realizadas por cualquier ciudadano cuando considere que un magistrado o funcionario (no involucrado en juicio político) se encuentra incurso en alguna de las causales que establece el artículo 154 de la Constitución provincial. Este principio contempla la inamovilidad de los jueces en sus cargos, mientras dure su buena conducta y solo pueden ser removidos por las causales de mal desempeño, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho, supuesta comisión de delitos o inhabilidad física o psíquica.
