En una nueva jornada de trabajo de las Comisiones Permanentes, se llevó adelante una sesión conjunta y virtual entre las comisiones de Turismo y la de Deportes para el tratamiento del Proyecto de Ley Nº 29918/L/20, que busca declarar a la práctica del montanismo como una “actividad deportiva, de interés cultural o socio-recreativa”. También se sumaron al tratamiento los integrantes de la Comisión de Legislación General a fin de avanzar sobre los detalles finales de la iniciativa propuesta por el legislador Oscar González.
El encuentro estuvo presidido por los presidentes Miguel Majul y Mariana Caserio (coautores y presidentes de las comisiones de Deportes y Turismo, respectivamente) junto a la legisladora Victoria Busso, a cargo de la presidencia interina de Legislación General.
Los miembros de las comisiones discutieron sobre distintas consideraciones que permitan definir con claridad, por ejemplo, aquellas “restricciones mínimas” sobre inmuebles donde se lleve adelante la práctica deportiva, así como elaborar un “nomenclador” de senderos que se autoricen como tales en el territorio provincial. También se consideró si la Autoridad de Aplicación debe quedar solo en el ámbito de la Agencia Córdoba Deportes.
Vale mencionar que el presente proyecto tiene como antecedentes la Ley 9856, referida al Registro de visitantes en zonas de riesgo, junto a la Ley 8801 sobre el Registro Provincia de Prestadores de Servicios Turísticos.
Los presidentes y presidentas de comisiones acordaron procurar resolver las preguntas e inquietudes que se expusieron en la siguiente reunión prevista para la semana próxima.
Veto parcial al Código Arancelario de Abogados y Procuradores
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos se reunió de forma virtual para tratar el veto parcial del Poder Ejecutivo sobre la Ley N° 10.705, modificatoria del Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la provincia, normativa sancionada por la Legislatura provincial el pasado 5 de agosto.
El titular de la Comisión, el legislador Juan Manuel Cid, informó a los miembros del grupo parlamentario acerca del contenido de la Nota 30977/N/20 remitida por el Ejecutivo con las observaciones sobre el veto. Puntualmente, se indica que al establecer que los honorarios profesionales constituyen una “una retribución mínima, ética, inderogable e inmodificable, la que podrá aumentarse, pero no disminuirse”, la norma entra en contradicción con las disposiciones de los artículos 1° y 2° de la misma normativa, que indican que abogados y clientes pueden pactar libremente con sus clientes el monto de sus honorarios, y que incluso “pueden ser reducidos o renunciados conforme a la libre voluntad de las partes”.
Con el veto, y una vez promulgada, la Ley permitirá que exista un acuerdo entre abogado y clientes respecto de los honorarios por los servicios profesionales, que podrán ser menores al valor fijado por la Ley 10.705.
La reunión finalizó con un despacho favorable de Comisión por la mayoría. Los bloques de la Unión Cívica Radical, Encuentro Vecinal Córdoba y ARI pidieron tiempo para evaluar el veto y decidir si acompañan o no la propuesta, que será tratada mañana en el recinto legislativo.
Emergencia sanitaria: el Ministerio de Salud remitió el primer informe de gastos
La comisión especial de la Legislatura conformada para la revisión de los gastos de Fondo para Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas (Ley 10.690), se reunió esta tarde para analizar el informe de gastos emitido por el Ministerio de Salud provincial correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo 2020.
Alejandro Gauto, secretario de Coordinación y Gestión Administrativa de Salud ofreció detalles de distintos rubros y erogaciones que se realizaron en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia de coronavirus.
El funcionario explicó que de los 5 mil millones de pesos autorizados por el Poder Ejecutivo, a la fecha se gastaron 2.638 millones de pesos. Acerca de la distribución de lo erogado, informó que un 47% se destinó a equipos de protección personal (EPP), 22,1% a insumos de laboratorio, 13% a software, entre otros rubros.
Además del refuncionalización de diez hospitales como centros de referencia COVID-19 (cuatro en Capital y seis en el interior), los gastos en infraestructura incluyeron, por ejemplo, la incorporación de cabinas de bioseguridad en el Laboratorio Central, así como el diseño y equipamiento del primer Centro de Plasmaféresis que funciona en el viejo Hospital San Roque, además de la adquisición de diez nuevas ambulancias.
También se hizo mención sobre los gastos realizados para la obtención de respiradores (240 unidades), construcción de salas y paneles de gases, todos necesarios para el equipamiento de camas críticas. Sobre este aspecto, Daiana Villegas, directora general de Infraestructura y Equipamiento Sanitario, detalló que, a la fecha, el sistema de salud cuenta con 880 camas críticas con respiradores y 250 camas sin respiradores en el sector público, y otras 736 con respiradores y 570 sin respiradores en el sistema de atención privado.
El secretario Alejandro Gauto anticipó a los legisladores que en una semana se remitirá a la Legislatura el informe de gastos del mes de junio y en quince días el correspondiente a julio 2020.
La reunión fue presidida por el presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González, acompañado por los presidentes de bloque y de las comisiones de Salud y Economía.
