En una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, se analizó el Proyecto de Ley N° 37788/L/23, presentado por el Poder Ejecutivo. Esta propuesta tiene como objetivo diseñar y organizar la estructura orgánica y funcional del Ministerio Público de la Defensa, incorporando las actuales Asesorías Letradas de todos los fueros.
La iniciativa argumenta que “es esencial institucionalizar el Ministerio Público de la Defensa dentro del Poder Judicial provincial para jerarquizar y consolidar la estructura y organización existente. Esto permitirá una respuesta más ágil y efectiva en la defensa de derechos y contribuirá al diseño, análisis, ejecución, evaluación y determinación de políticas públicas más efectivas”.
Participaron en carácter de invitados el doctor Domingo Sesín, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, y la doctora Laura Echenique, ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia.
Al tomar la palabra, Sesín destacó que el paso que va a dar la Legislatura permitirá una mayor profundización institucional: “Tenemos la obligación de garantizar el derecho de acceso a todos, especialmente a aquellos que, por diversos motivos, no pueden acceder. Hemos reglamentado operativamente las Reglas de Brasilia, que es un cuerpo extraordinario que garantiza cómo hacer para que esas personas en situación de vulnerabilidad puedan llegar al poder judicial, ser escuchadas, restablecer sus derechos y obligaciones”.
Actualmente, el servicio de asistencia jurídica gratuita en la Provincia de Córdoba funciona según lo establecido en la Ley N° 7982 y sus modificaciones posteriores. La propuesta busca complementar y mejorar ese sistema, organizando la asistencia jurídica a través de un Ministerio Público de la Defensa centralizado, con una clara dirección y coordinación.
“Hoy funciona un cuerpo de asesores letrados, entre los cuales la organización se realiza entre ellos o por el propio Tribunal Superior. Existe la necesidad de una figura del defensor público que, de alguna forma, aglutine las funciones de conducción, de contralor, y de homogeneizar ciertos criterios jurídicos y ciertos alcances de estas figuras”, explicó Sesín.
En la nueva estructura, los actuales Asesores Letrados de la ley N° 7982 pasan a denominarse Defensores Públicos, sin que la reforma implique la modificación sustancial de sus funciones o la designación de nuevos funcionarios. Se dispone que quienes ocupan cargos como funcionarios o empleados en las Asesorías Letradas pasen a ocupar automáticamente idénticos cargos en la defensoría pública correspondiente.
La propuesta prevé la modificación del artículo 24 de la Ley Nº 7982 disponiendo que sea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba o el órgano que lo reemplace en el futuro, el que organice e implemente el asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito, conforme a convenios específicos que celebre con los Colegios de Abogados. Asimismo, adecua a la nueva denominación de los cargos los pertinentes artículos de las leyes N° 8435 y 8024 respectivamente.
En sus argumentos, el proyecto expresa la voluntad de “fortalecer el funcionamiento del servicio de asistencia jurídica gratuita desde la valiosa experiencia desarrollada hasta la actualidad, instituyendo un organismo para jerarquizar esta función primordial que debe prestar el Estado en general y el Poder Judicial en particular para la defensa de los derechos de todos los habitantes de la provincia que reúnan los requisitos legales”.
Para finalizar la reunión, la presidenta de la comisión de Legislación General, Julieta Rinaldi, indicó el despacho del proyecto para ser tratado próximamente en el recinto.
