Con miras a la adhesión de Córdoba a la Ley Yolanda, que impulsa la capacitación obligatoria en materia ambiental y de desarrollo sostenible para los agentes que se desempeñan en los tres niveles del Estado, este jueves tuvo lugar una nueva reunión de la Comisión de Ambiente, convocada y presidida por su titular, Nadia Fernández.
El encuentro virtual contó con la participación de especialistas de diferentes ámbitos como la academia, el Poder Ejecutivo provincial y organizaciones de la sociedad civil, quienes brindaron sus miradas y aportes acerca de la adhesión a la legislación argentina.
En primer lugar hizo uso de la palabra el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Leonardo Grosso, quien preside la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja.
“Es muy significativo para la Ley Yolanda que una provincia tan importante como Córdoba discuta, en un proyecto de adhesión, la necesidad de establecer una política de formación en materia ambiental”, dijo Grosso, a la vez que valoró “la vocación de la Legislatura de Córdoba de estar tratando estos temas”.
Tras la apertura realizada por el diputado, legisladoras y legisladores escucharon las presentaciones del doctor Aldo Novak, titular de cátedra en Derecho de los Recursos Naturales y Ambientales de la UNC; la doctora María Laura Foradori, docente e investigadora y la doctora Silvana Zaninetti, directora de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático del Gobierno de la Provincia de Córdoba. También se expresaron Marcela Rodríguez, de la Fundación Tierra y Vida y Elisa Cortese, de la Red de Mujeres en Diálogo Ambiental.
Cabe destacar que en la Unicameral hay tres proyectos de adhesión a la Ley Yolanda, que homenajea en su nombre a Yolanda Ortiz, doctora en química nacida en la provincia de Tucumán y que fuera la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina, repartición creada en 1973. El objetivo es conseguir capacitar en materia ambiental a empleadas y empleados de todos los niveles y jerarquías de la función pública, en los tres poderes del Estado de la provincia de Córdoba.
La idea es que la totalidad de los bloques legislativos acompañen la obligatoriedad de estas capacitaciones.
