Una muestra de la atención de la Legislatura de Córdoba a las problemáticas recientes que atraviesan a la comunidad fue la adhesión de la Provincia al Día Nacional de Lucha contra el Grooming, sancionada al inicio de la presente gestión que ahora se acerca a su fin, conducida por el vicegobernador Manuel Calvo.
El Día Nacional de Lucha contra el Grooming, que se celebra en la Argentina cada 13 de noviembre, es parte de una estrategia institucional orientada a concientizar a la población acerca de las formas de ciberacoso que tienen por víctimas a menores de edad. Por grooming se entiende al delito por el cual niños, niñas y adolescentes son acosados con fines sexuales, a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
“Yo siempre prefiero decirlo en español, para que la gente entienda de qué se trata”, comenta José Arce, abogado especialista en Derecho Informático. “No es lo mismo que alguien diga: ‛Mi hijo fue víctima de Grooming’, que ‛mi hijo fue víctima de acoso sexual’”, explica el profesional, quien integra el Programa de Protección Digital de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia.
El grooming está tipificado como un delito en el Código Penal argentino desde diciembre del 2013. Fue mediante la incorporación del artículo 131, que establece: “Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.
José Arce agrega que estas acciones delictuales deliberadas son llevadas a cabo por personas mayores de edad que muchas veces ocultan su identidad, o se hacen pasar por menores, con el propósito de obtener de sus víctimas imágenes, videos y en general contenidos de carácter sexual. Asimismo, corresponde prevenir el riesgo siempre presente de que los intercambios virtuales puedan dar lugar a encuentros en persona.
La adhesión aprobada en Córdoba contribuye a sumar acciones de difusión y concientización en el ámbito provincial, de manera de favorecer la prevención, la rápida detección y la intervención de los adultos ante estos casos, mitigando así la ocurrencia de estos delitos y sus efectos en la integridad sexual de las y los menores.
Se trata de una amenaza latente, que se ha visto incrementada en los últimos tiempos por el aumento de la exposición de niñas, niños y adolescentes a las pantallas. Expertos invitados por la Unicameral para tratar este tema en el trabajo de comisión, ilustraron que el grooming no debe abordarse como un delito informático, sino que debe ser contemplado como de índole sexual a través del uso de las tecnologías de transmisión de datos.
Cualquier niña, niño, adolescente o adulto que esté al tanto de un abuso de esta naturaleza puede efectuar una denuncia penal. “La Justicia, en este caso el Ministerio Público Fiscal, debe encargarse de investigar ese delito y la persona que lo ejerce puede ser condenada penalmente”, desarrolla José Arce.
“Alentamos siempre a las personas a que denuncien”, sigue el especialista. Y también remarca la importancia de que, ante la constatación de que existe un contacto de este tipo, las personas “no hagan más nada en los dispositivos digitales”. Lo aclara porque es muy común que los adultos del entorno de los menores se lancen, ellos mismos, a entablar contacto o increpar a esos perfiles, ya sean verdaderos o falsos.
“Si notamos que pasó algo, no tocamos más nada en esos dispositivos -grafica Arce-. Nos acercamos a la dependencia del Ministerio Público Fiscal más cercana y hacemos la denuncia. ¿Por qué? Porque la idea es que, cuando empiecen las investigaciones, todo aquello que está en internet siga estando. No dar la oportunidad a que el que está del otro lado vaya a borrar eso que se llama evidencia digital, y que fácilmente puede desaparecer”.
El equipo del Ministerio Público Fiscal está capacitado y sabe qué es lo que debe pedirle al denunciante. “Las capturas de pantalla y todo aquello que se pueda haber guardado, van a servir. La idea es no hacer nada, denunciar y dejar trabajar a los especialistas”, se explaya el abogado.
