En una reunión de la Comisión de Equidad y Lucha contra la violencia de Género, este martes se avanzó en la compatibilización de dos proyectos que plantean la adhesión de Córdoba a la Ley Nacional N° 27.696.
Mediante la norma referida, Argentina ha incorporado un protocolo para el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género, el cual debe ser incluido en el Programa Médico Obligatorio (PMO) de las obras sociales nacionales, a través de la cobertura total e integral de las respectivas prácticas preventivas y terapéuticas aplicadas a esta problemática.
Uno de los proyectos locales de adhesión fue elevado por el Poder Ejecutivo, mientras que el otro es de autoría de los legisladores Sara García, José Pihen y Carmen Suárez.
Según reza la iniciativa del Ejecutivo provincial, “dicha Ley Nacional se erige como una estrategia necesaria y novedosa, que recoge el debate y los consensos para dar respuesta a un viejo problema que afecta a vastos sectores de la población”.
Por su parte, el proyecto de adhesión redactado por los tres legisladores antes mencionados señala: “El objetivo de esta ley es impulsar a que las obras sociales, prepagas, mutuales provinciales y prestadores de salud incorporen la cobertura integral de la violencia de género, que incluye prestaciones para un abordaje interdisciplinario, tales como terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas y todo tipo de atención que resulte necesaria”.
Cabe destacar que la N° 27.696 es conocida como la “Ley Vigo”, por haber sido impulsada en el Congreso de la Nación por la senadora Alejandra Vigo.
En carácter de invitadas, participaron funcionarias de los ministerios provinciales de Salud y de la Mujer: María Belén Sueldo, secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y la Trata de Personas; Julia Reartes, directora general de Violencias; Mariana De los Ríos, jefa de Relaciones Interinstitucionales; Silvina Villarroel, responsable de los Punto Mujer de la Provincia; María Pía Gidetti, secretaria de Salud Mental del Ministerio de Salud; Cecilia Ponce y Sofía Soto, del equipo de Salud Mental de esta última cartera.
Las invitadas comentaron al comienzo de la reunión la forma en que han venido trabajando de manera conjunta para intervenir en un flagelo que tiene gravosas consecuencias físicas, mentales y sociales en quienes padecen la violencia de género.
La adhesión de Córdoba a la Ley Vigo implica “diseñar protocolos específicos de detección precoz y atención de todo tipo y modalidad de violencia contra las mujeres, prioritariamente en las áreas de atención primaria de salud, emergencias, clínica médica, obstetricia, ginecología, traumatología, pediatría y salud mental; promover programas especializados en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y/o de quienes la ejerzan”.
Finalmente, el proyecto compatibilizado obtuvo despacho para ser tratado en lo próximo en el recinto.
