Legisladoras y legisladores que integran cuatro comisiones recibieron este martes la visita del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julián López, quien llegó acompañado de parte de su equipo para atender inquietudes y pedidos de informe elevados por los diferentes bloques.
De esta manera, participaron del encuentro en el Palacio Legislativo las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; de Legislación General; de Derechos Humanos y Desarrollo Social y la de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
En la reunión, que se extendió por más de tres horas, el ministro del área, junto a titulares de secretarías de esa cartera, fueron repasando diversos temas en diálogo con legisladoras y legisladores. Puntualmente se abordó un total de ocho pedidos de informe.
El primero de esos proyectos, iniciado por los legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta y Rossi, solicitaba información detallada sobre estafas efectuadas desde las cárceles de la provincia. Otros de ellos, de autoría del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, se refirió a “hechos delictivos realizados en y por internos de establecimientos carcelarios”.
Un tercer proyecto,también del bloque EVC, requería al Ejecutivo información “sobre la existencia de drogas y celulares en los establecimientos penitenciarios, control de ingresos de familiares y personal y delitos cometidos en los años 2020 y 2021 debido al uso de celulares”. El cuarto pedido, iniciado por la legisladora Cecilia Irazuzta, comprendió “diversos aspectos relacionados al funcionamiento y la infraestructura del Establecimiento Penitenciario (EP) 9”, en la Unidad de Contención de Aprehendidos.
Asimismo, el Proyecto de Resolución 34123/R/21, firmado por las y los legisladores Irazuzta, Grosso, De Ferrari Rueda y Garade Panetta, indagaba sobre “la aplicación del instituto de prisión preventiva en la provincia de Córdoba”. Mientras que el 34363/R/21, de autoría de Irazuzta, Marcone y Grosso, se vincula a “distintos aspectos de la problemática de la violencia intrafamiliar y maltrato infantil y la intervención concreta de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en los casos detectados”.
Por último, un séptimo pedido iniciado por las legisladoras Gudiño, Garade Panetta y De Ferrari Rueda, demandaba al Poder Ejecutivo información sobre “diversos aspectos referidos a la Unidad de Desarrollo Regional UDER y la autoridad de aplicación SeNAF de la ciudad de Deán Funes”. En tanto que el proyecto de resolución 34998/R/22, iniciado por Encuentro Vecinal Córdoba, se vincula al Registro Único Nominal de Niñez y Adolescencia (RUNNA), durante los ejercicios 2018 a 2022.
