Este miércoles, en la 20ª sesión ordinaria del 147° período legislativo, la Unicameral prestó su conformidad a dos iniciativas que modifican el marco normativo que regula el ejercicio profesional y la colegiación del trabajo social en la provincia. Se trata de la actualización de las leyes vigentes 7341 y 7342, respectivamente.
Las modificaciones planteadas en los proyectos aprobados atienden a las transformaciones sociales, políticas y culturales que acontecieron, tanto a nivel nacional como mundial, desde 1985 cuando fueron sancionadas las normas actuales. Asimismo, se adecua a la ley nacional N° 27.072.
Ambos expedientes fueron presentados por Matías Chamorro, Miguel Siciliano y Nadia Fernández, tras un nutrido intercambio con profesionales y académicos. Por este motivo, integrantes del Colegio Profesional, representantes de la Fepuc y autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, acompañaron el tratamiento y votación en el recinto.
Por un lado, el 42674 actualiza la ley 7.341, la cual regula el ejercicio de la profesión en cualquiera de sus ramas o especialidades, en el ámbito de la provincia.
“A lo largo de estos años, ha habido grandes cambios en el Trabajo Social a partir de nuevas concepciones acerca del quehacer profesional, de las incumbencias, de nuevos campos de intervención e incluso nuevos títulos que avalan el ejercicio profesional”, argumenta el texto del proyecto. En ese sentido, la norma avalada renueva entonces las incumbencias de la profesión como también los derechos y obligaciones de los profesionales.
Por otro lado, entre sus aspectos más destacados, el proyecto 42675 propone la adecuación de la terminología cambiando el nombre de “servicio social” a “trabajo social”.
Una vez creado el flamante Colegio de Profesionales en Trabajo Social, el mismo desarrollará sus actividades con el carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público no estatal. Será el único ente reconocido por el Estado Provincial para la realización de los objetivos y finalidades expresados en esta ley.
Además, se amplían sus funciones y alcances, debiendo incorporar un enfoque de derechos humanos y perspectiva social en su accionar. Así, no sólo es el encargado de otorgar y controlar la matrícula habilitante para el desempeño de la profesión, entre sus responsabilidades y obligaciones incorpora asumir la protección de sus miembros en el ejercicio profesional en los planos ético, técnico, económico y social; proponer un régimen de aranceles mínimos obligatorios para la prestación de servicios; actuar contra el ejercicio ilegal de la profesión, entre otros.
También, apuesta a la democratización de la institución, al crear una estructura organizacional federal y participativa. Es decir que establece delegaciones regionales, que contarán con sus propias autoridades y un órgano ejecutivo provincial – el Consejo Superior- que se conformará por una Mesa Ejecutiva y con representación ponderada de las delegaciones.
“Estas normas no nacen de un escritorio, sino del diálogo y articulación con el sector. Así entendemos la política, trabajando con la gente y construyendo herramientas para mejorar realidades”, dijo el legislador Chamorro, en calidad de voz informante. Y continuó: “No es una ley solo de colegiación ni de regulación del ejercicio profesional, es una herramienta de transformación y construcción de futuro”.
Mientras que la legisladora Ariela Szpanin, señaló: “Con estas leyes se fortalece a una institución que tiene un rol central en la sociedad, pues los trabajadores sociales son la primera línea frente a la pobreza, la desigualdad, la violencia de género, la discapacidad y otras realidades que interpelan diariamente al Estado. Es una actualización necesaria. Es una inversión en dignidad y reconocimiento”.
“No hay justicia social posible sin trabajadores y trabajadoras sociales. Estas leyes son una herramienta para fortalecer nuestra democracia”, concluyó Chamorro.
Licencias
En la presente sesión, que comenzó a las 17:30 horas, presidida por la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, se les otorgó las licencias correspondientes a los legisladores Rodrigo Agrelo y María Victoria Busso. El representante de Encuentro Vecinal solicitó desde el 10 de diciembre al 10 de junio de 2026; mientras que la parlamentaria de Hacemos Unidos pro Córdoba lo hará desde 19 de noviembre al 19 de diciembre. Asumirá en reemplazo de la legisladora por el departamento Roque Sáenz Peña, Martín Alberto Echaniz.
