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Legisladores recibieron a comisionados del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura

Leandro Halperin, Josefina Ignacio, Rocío Alconada Alfonsín, Gustavo Palmieri y Kevin Nielsen estuvieron este miércoles en la Comisión de Derechos Humanos de la Unicameral. Se habló sobre la situación actual en cárceles, comisarías, hogares para ancianos e instituciones para menores y psiquiátricas.

La Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Córdoba recibió este miércoles por la tarde a comisionados del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, quienes trazaron un panorama general sobre la situación que se vive en ámbitos de encierro de distintas provincias, entre ellos cárceles, comisarías e instituciones penitenciarias para menores. También se refirieron a lo que ocurre en hogares para ancianos y establecimientos psiquiátricos.

Los invitados plantearon su preocupación por el hacinamiento, las sujeciones terapéuticas, el maltrato y otras situaciones de violencia institucional, entre otras problemáticas frecuentes. “En nuestro país hay avances, retrocesos y situaciones estables, según cada lugar”, confiaron.

En el caso de la provincia de Córdoba, se habló sobre el Complejo Esperanza y el establecimiento penitenciario de Bouwer.

La reunión tuvo carácter institucional y fue encabezada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Inés Contrera. Participaron los legisladores Matías Chamorro (vicepresidente de la comisión), Silvina Jurich (vicepresidenta primera), Carmen Suárez, Cristina Pereyra, Viviana Martoccia y Karen Acuña. Por zoom estuvieron Brenda Austin y Sebastián Peralta.

Por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura asistieron a la reunión cinco comisionados: Leandro Halperin, Josefina Ignacio, Rocío Alconada Alfonsín, Gustavo Palmieri y Kevin Nielsen.

También se sumaron estudiantes de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad Siglo 21 (más exactamente de la cátedra Asuntos de Gobierno), quienes fueron a conocer el funcionamiento de las comisiones legislativas y a visitar el edificio de la Unicameral.

Contrera comentó que los comisionados visitan regularmente instituciones de distintas provincias argentinas y ya concurrieron a la Legislatura cordobesa en anteriores oportunidades. “Vinieron a interiorizarnos sobre las políticas públicas ligadas a esta temática y a contarnos qué está pasando en otras provincias, para luego buscar mejoras en las políticas públicas”, resumió.

Al presente, 15 provincias constituyeron comités o mecanismos locales para la prevención de la tortura, generalmente vía leyes. Córdoba aún no posee.

Políticas públicas

Halperin agradeció a la Comisión de Derechos Humanos por abrir el espacio al diálogo (dijo que las legislaturas provinciales son un ámbito ideal para lograr acuerdos) y destacó la importancia de “observar, escuchar, debatir y proponer políticas públicas que mejoren los estándares en materia de violencia en contextos de encierro, fundamentalmente violencia institucional”.

A su turno, Ignacio reveló que “se desarrolla un trabajo articulado para prevenir la tortura” en los ámbitos penitenciarios y de encierro.

En tanto, Alconada Alfonsín consideró “falsa la dicotomía entre derechos humanos y seguridad”. Al respecto, agregó: “Mientras más violaciones de derechos humanos haya, más inseguridad”.

Halperin, Ignacio y Alconada Alfonsín esperan que Córdoba prontamente se convierta en la provincia número 16 del país que cuente con un comité local para la prevención de la tortura.

Tras formular varias preguntas a los comisionados, los legisladores plantearon la intención de que la Comisión de Derechos Humanos avance en la temática, en articulación con el Ejecutivo provincial.

Órgano rector

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura es el órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la República Argentina.

Es un organismo estatal independiente creado por la ley nacional 26.827, en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuya finalidad es prevenir estos hechos en cualquier institución pública, privada o mixta del país en donde se encuentren personas privadas de libertad.

El comité se integra con tres representantes del Senado, tres de la Cámara de Diputados, uno del Ejecutivo, dos por los mecanismos locales, tres por las organizaciones no gubernamentales y uno por el sistema penitenciario.

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