En su undécima sesión ordinaria del 146° período legislativo, la Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles por mayoría el proyecto de ley que regula las actividades con metales no ferrosos y la creación del Registro de Actividades vinculadas a la Comercialización de Metales No Ferrosos y Otros en todo el ámbito de la provincia de Córdoba, con el fin de prevenir hechos delictivos y controlar su comercialización.
La iniciativa presentada por los legisladores Nadia Fernández, Miguel Siciliano y Agustín Spaccesi fue acompañada por toda la oposición, a excepción de Luciana Echevarría (se abstuvo) y Gregorio Hernández Maqueda (en contra).
La extensa sesión del 7 de agosto fue presidida por la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. Arrancó a las 17 y se extendió hasta las 2.45 AM de este jueves 8.
“El robo de cables y otros elementos como el bronce y el cobre de particulares y servicios públicos es una nueva modalidad delictiva; tenemos la obligación de accionar ante la afectación concreta de la seguridad de los cordobeses por su impacto en el sector eléctrico fundamentalmente”, argumentó Fernández.
La legisladora agregó que este proyecto previene el robo de cables, transformadores, canillas, picaportes, flexibles y todo tipo de elementos de metales no ferrosos, sean de particulares o que sirvan para proveer un servicio público.
Puntualmente, están comprendidas las personas físicas y jurídicas que realicen actividades como venta, reducción y fundición; la fabricación de bienes que incorporan esos materiales; los depósitos y chatarrerías; y cualquier otra actividad similar con metales no ferrosos.
Ariela Szpanin, legisladora del bloque UCR, expresó su satisfacción por la iniciativa, sobre todo por el trabajo consensuado logrado en las comisiones de Seguridad y de Legislación General, en las que se recibieron aportes de especialistas, empresas de servicios e integrantes de la comunidad.
Según las especificaciones del proyecto, se entiende por “metales no ferrosos” a todos los metales que no son hierro y a sus aleaciones, donde el hierro es componente principal. Entre otros, son los siguientes: cobre, estaño, plomo, níquel, cobalto, cromo, molibdeno, titanio, niobio, tungsteno, cerio, aleaciones de aluminio-cobre, aluminio-manganeso, aluminio-silicio, aluminio-magnesio-silicio, aluminio-zinc, bronces al estaño, bronces al plomo, bronces al aluminio, bronces al silicio, bronces al berilio, latón blando, duro y semiduro, antimonio, y todos aquellos que la autoridad de aplicación disponga por reglamentación.
Reemplazo temporario
En los primeros momentos de la undécima sesión del 2024, la Unicameral aprobó la incorporación de la legisladora Mónica Lannutti en reemplazo del legislador Ariel Grich, quien solicitó una licencia por 30 días.
Asimismo, la Legislatura aprobó por unanimidad, en general y en particular, un proyecto de ley del Ejecutivo provincial para modificar el radio municipal de la localidad de Villa Cura Brochero, en el departamento San Alberto. El legislador Mariano Ceballos Recalde fundamentó la iniciativa y la importancia de que este municipio tenga su ejido (ampliado) por ley. De esta manera, el radio de Villa Cura Brochero pasará a tener una superficie de 16.396 hectáreas.
Autoridad de Cuencas
Asimismo, la Unicameral cordobesa aprobó en general y en particular (con la abstención de Luciana Echevarría) un proyecto de ley que modifica la ley 10.941, referido a la Autoridad de Cuencas, con el propósito de resguardar los derechos de acceso a la información ambiental y la participación pública en la toma de decisiones. La iniciativa es de los legisladores Brenda Austin, Walter Gispert, Dante Rossi y Mauricio Jaimes.
La iniciativa está vinculada con el funcionamiento y la gestión de los embalses y sus cuencas en la provincia de Córdoba. Prevé modificaciones sobre las funciones de la Autoridad de Cuencas, entre las cuales se encuentran: garantizar proactivamente el acceso a la información pública ambiental y la participación pública abierta e inclusiva en la toma de decisiones ambientales relativas a su accionar; procurar acuerdos entre los sectores involucrados; propender al desarrollo de campañas educativas; y receptar propuestas y proyectos de mejoras.
A su vez, se modifica el artículo 5° sobre el Órgano Consultivo Permanente para incluir expresamente la integración y participación de representantes de la sociedad civil.
El decreto 119 del 7 de marzo del 2024 -reglamentario de la ley 10.941- establece que el presidente de la Autoridad de Cuencas convocará a los organismos que integren el Órgano Consultivo Permanente dentro de los 90 días de publicado el decreto, por lo que aún no ha sido conformado y se desconocen los criterios que seguirá dicha convocatoria. Asimismo, se establece que, aún cuando las opiniones del órgano consultivo no tengan carácter vinculante, sean tomadas en cuenta por la Autoridad de Cuencas, que debe fundamentar e informar en sus decisiones el alcance en que las mismas fueron consideradas. Esto, a fin de dotar de mayor equilibrio y entidad a las opiniones técnicas que estos actores externos prestan y de reducir posibles brechas entre su actuación y la efectiva consideración de los informes producidos bajo este esquema de participación colaborativa.
Al justificar el proyecto, Austin expresó: “Creemos que el esfuerzo de mejorar esta herramienta contribuye a la búsqueda de soluciones a través de la participación de los ciudadanos. Estamos abriendo puertas y ventanas para cuidar un recurso tan valioso, importante y necesario como son los embalses y sus cuencas, en tanto recursos hídricos, turísticos y bellezas naturales”.
Cuidadores de vehículos
A minutos de la medianoche, la Legislatura comenzó a tratar sobre tablas un proyecto de ley del legislador Gregorio Hernández Maqueda para modificar el artículo 60 de la ley 10.326, Código de Convivencia Ciudadana, y prohibir el servicio de cuidadores de vehículos en la vía pública (conocidos como “naranjitas”) a quienes no sean funcionarios designados para dicha tarea.
Luego de más de dos horas de debate, ya la madrugada de este jueves, el proyecto fue rechazado por 42 votos. Se trata de un asunto que no es de índole provincial, sino de competencia municipal.
Precisamente, el legislador Matías Chamorro hizo hincapié en este último motivo: “Es un tema de competencia del municipio, que tiene la potestad de regular el estacionamiento medido”. Y consideró: “Se trata de un tema complejo; ninguna ley provincial logrará impedir que el fenómeno de los cuidacoches deje de ocurrir, ya que es algo enraizado en la cultura cordobesa”. Además, se agudiza por la crisis económica y social actual. Opinó que es mejor “regular y controlar” que “prohibir”.
Por su parte, Nadia Fernández señaló que la iniciativa “es abiertamente inconstitucional, porque viola las competencias y autonomás municipales. Y plantear que esta gente tiene que desaparecer y quedar a la deriva, es crueldad ”.
A su turno, Nostrala y Tamis plantearon que es la Municipalidad de Córdoba la que debe resolver este tema. Dante Rossi consideró que aprobar este proyecto “dejaría sin trabajo a los naranjitas legales y a mucha gente que se las rebusca como puede”.
Daniel Juez, del Frente Cívico, fundamentó su rechazo al proyecto y aludió al sistema que los integró al estacionamiento público durante la intendencia de Luis Juez. “Cuando estuvimos en la Municipalidad les dimos un orden a las cooperativas de cuidacoches, herramientas y capacitación para que esta gente supiera que eran servidores públicos, y pusimos a otros a controlarlos. Esto demuestra que es posible que ellos hagan este trabajo de manera responsable y ordenada, y que hay delincuentes en todos lados. Además, este no es el momento para plantear este tipo de prohibición; hay cientos de miles de familias que subsisten con este trabajo; no vamos a estigmatizar a estas personas”.
Violencia de género
Asimismo, la Unicameral aprobó un proyecto de resolución que solicita al Ejecutivo provincial que informe sobre diversos aspectos vinculados con denuncias por violencia de género y abuso de poder dentro del Poder Judicial, detallando recursos, procedimientos administrativos y resoluciones sobre estas demandas, y también carpetas psiquiátricas y renuncias relacionadas con estos hechos. El proyecto fue iniciado por las legisladoras Nancy Almada y Gloria Pereyra (bloque Frente Cívico). La legisladora Karina Bruno no acompañó la iniciativa.
Se aprobó también una declaración que expresa consternación por el crimen de Susana Montoya, madre de Fernando Albareda (militante de la agrupación Hijos) y viuda de Ricardo Fermina Albareda, subcomisario desaparecido por la última dictadura. Además, los legisladores reclaman el urgente esclarecimiento de los hechos.
Finalmente, en una declaración la Unicameral expresó su preocupación por la falta de transparencia en el acto electoral de la República de Venezuela del 28 de julio pasado y la situación política del país. Además, solicita que los organismos internacionales examinen de manera imparcial los resultados de las elecciones presidenciales.
