Con el aval de la Legislatura de Córdoba quedó aprobado este miércoles en primera lectura el grupo de normas remitidas por el Poder Ejecutivo provincial y que se refieren al Presupuesto general de la Administración Pública Provincial para el ejercicio próximo, la Ley impositiva 2021, las modificaciones al Código Tributario Provincial y otras normas tributarias.
Tal como lo fija el Reglamento Interno de la Unicameral, el paquete de leyes debe pasar ahora por una audiencia pública a realizarse el lunes 30 de noviembre a las 10 horas. Con posterioridad, el grupo de normas deberá someterse a la votación en segunda lectura.
Ingresos y erogaciones
Según se desprende de la presentación efectuada por el legislador Leonardo Limia, el Proyecto de Presupuesto 2021 plantea erogaciones por un monto total de 432.616 millones para el presupuesto general de la Administración Pública Provincial.
En cuanto a los ingresos, alcanzan los 435.777 millones distribuidos en ingresos impositivos, no impositivos, transferencias corrientes, provenientes de ingresos de capital, venta de bienes y servicios y rentas de la propiedad.
“Podemos decir que ante la mayor caída de los recursos se plantea como una necesidad la máxima eficiencia y austeridad en la política del gasto público provincial”, refirió Limia. “Es importante reforzar el gasto de manera de llegar a quienes realmente lo necesitan y dinamizar la economía. Es una política de ayuda a la generación de empleo y a la inserción de los jóvenes y las mujeres a la economía formal”, agregó.
Manifestó además el legislador que el Presupuesto tiene como pilares del gasto “la política de la inversión social, la perspectiva de género, la sostenibilidad de la deuda pública, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable, la sustentabilidad del sistema previsional y el federalismo provincial, que es la coordinación fiscal que debe existir entre el Gobierno provincial y los municipios y comunas”.
De este modo, ante la crisis que atraviesan todos los niveles de Gobierno se profundizan las inversiones de carácter social, es decir aquellas apuntadas a la salud, la educación y la asistencia social.
“En tiempos tan complejos como el actual, contar con este instrumento es la brújula de la política de Gobierno que nos da previsibilidad de gestión. Son años donde gobernar y administrar un presupuesto equilibrado representa un enorme desafío y gran responsabilidad”, cerró Limia.
