Este viernes por la tarde, legisladores que integran tres comisiones de la Legislatura de Córdoba recibieron a la titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) provincial, Julia Reartes, para avanzar con el tratamiento de un proyecto que establece la ley de Procedimiento Penal Juvenil de la provincia de Córdoba, y de otra iniciativa que modifica y deroga diversos artículos de la ley 9.944, de Promoción y Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en la provincia.
En la reunión participaron legisladores de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; de Legislación General, y de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
En primer término, se trató y aprobó (con modificaciones) el proyecto de ley 41539/L/24, iniciado por los legisladores Miguel Siciliano, Julieta Rinaldi y Victoria Busso. Instituye la ley de Procedimiento Penal Juvenil de la provincia de Córdoba, derogando toda disposición que se oponga a la presente o establezca un estándar de tutela inferior a los trazados en esta normativa.
A continuación, los legisladores trataron y aprobaron (también con cambios) el proyecto de ley 41536/L/24, iniciado por los legisladores Siciliano, Rinaldi y Busso. Modifica y deroga diversos artículos de la ley 9.944, de Promoción y Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en la provincia de Córdoba.
La reunión fue dirigida por Bernardo Knipscheer (titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales) y Victoria Busso (al frente de la Comisión de Legislación General). Virtualmente, se sumó Mauricio Jaimes, presidente de la comisión que se ocupa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Además de Reartes, por la Senaf participaron la directora de jurisdicción de Estrategias de Intervención y Medidas Alternativas, Teresita González; y la responsable del área Legales de Penal Juvenil, María Belén Rodríguez.
Aportes de fiscales y jueces
Reartes informó a los legisladores que la Senaf se reunió con fiscales del Foro Penal Juvenil de la ciudad de Córdoba a fines de mejorar la redacción de los despachos legislativos y aclarar cuestiones relativas a plazos legales, el proceso para adolescentes en conflicto con la ley penal y la necesidad de medidas de resguardo institucional en casos vinculados con delitos graves.
“Nos hicieron observaciones sobre el proyecto de ley de Procedimiento Penal Juvenil, pero muchas ya estaban contenidas en la iniciativa; sí a propuesta de los fiscales se modificó la redacción de un artículo sobre delitos graves de menores no punibles, cambiando el término ‘medida de seguridad’ por ‘medida de resguardo institucional’”, señaló Reartes.
Luego indicó: “A propuesta de legisladores, quedó establecido para los no punibles en qué casos puede proceder este resguardo institucional, medida excepcional frente a delitos graves en los que están en juego los derechos de los adolescentes y el interés social”.
Además, la titular de la Senaf dijo que, a pedido de los fiscales, se fijó el requisito de incluir en el proyecto el tema de los “plazos improrrogables” y de “prórroga por única vez”. Agregó al respecto: “Esto brindará garantías al proceso penal juvenil”.
Después, Reartes informó que se puso énfasis en brindar “medidas de reintegración social” a los menores en conflicto, por ejemplo trabajo comunitario. Finalmente, afirmó que una jueza penal juvenil propuso modificar un párrafo de un artículo del proyecto, el cual indicará que deberá seguir interviniendo la cámara penal hasta que se cree la cámara especializada.
Preguntas, propuestas y decisiones
Después de las exposiciones de las funcionarias de la Senaf, varios legisladores les efectuaron preguntas y formularon propuestas para mejorar el contenido del proyecto de ley de Procedimiento Penal Juvenil, entre ellos Walter Nostrala, Brenda Austin y Ariela Szpanin.
Al final de la reunión, Busso comentó que se resolvió modificar un artículo de este proyecto y crear otro para conformar una mesa de coordinación y seguimiento provincial de políticas de prevención y delito juvenil, en calidad de organismo autónomo. Esta mesa interdisciplinaria e intersectorial se abocará a casos de adolescentes en conflicto con la ley penal y deberá constituirse en un plazo máximo de 30 días desde la reglamentación de la ley.
Busso también manifestó que, según pedidos de otros parlamentarios, se permitirán visitas de legisladores a los establecimientos para menores en conflicto, entre ellos el Complejo Esperanza.
Por su parte, y a sugerencia del legislador Oscar Tamis, se introdujo una modificación en la ley 9.944, para que no se hable de “padres”, sino de “progenitores”.
