La Comisión de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad recibió a distintas instituciones para que realizaran sus aportes al tratamiento de dos proyectos de ley relacionados con las prestaciones básicas y con la integración laboral de personas con discapacidad. También se puso sobre la mesa un pedido de informe sobre la accesibilidad del edificio legislativo.
Participaron del encuentro Adrián Martínez, Federico Galíndez, Marcela Rosado y Carmen Serrano, de la Federación Converger; la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, Teresita Barsano, y Walter Pino, coordinador de la Comisión Especial de Inclusión Social de Matriculados con Discapacidad de la mencionada institución.
La comisión abordó en primer término el proyecto 38662/L/24, que dispone el cese de la gradualidad que realiza la Provincia de Córdoba al Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, establecida en la Ley provincial 8811; y, paralelamente, la adhesión total a la Ley nacional 24901.
Adrián Martínez abrió el turno de oradores invitados y expresó el apoyo de Federación Converger al fin de la gradualidad que propone el proyecto legislativo.
Desde esta ONG reconocieron que, aunque en la primera década el Gobierno de Córdoba se fue adecuando a la ley nacional, en la actualidad “la Provincia solamente cubre el 74% de los valores de lo que establece la Nación y, de eso, el 4% se queda Apross”.
Desde la institución reclamaron “universalidad e integralidad” de las prestaciones y, aunque reconocieron “voluntad política” de la Provincia de avanzar con el tema, dijeron que “no se concreta”.
En ese sentido, la comisión acordó hacer gestiones con el directorio de Apross para que retome el diálogo con estas organizaciones.
En la reunión recordaron que en la provincia de Córdoba hay cerca de 400.000 personas con algún tipo de discapacidad.
Créditos fiscales
Posteriormente, los legisladores retomaron el debate sobre el proyecto de ley 39731/L/24 que crea un régimen de integración laboral para personas con discapacidad en el ámbito provincial.
El borrador del texto busca impulsar la integración formal al mercado de trabajo de las personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad, a través de una serie de créditos fiscales.
Los representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba expresaron el total acuerdo de su institución a la iniciativa. “El crédito fiscal es sumamente importante y apoyamos que se apruebe”, dijo Walter Pino.
Además, también aprobaron que los empleadores obtengan algún tipo de beneficio económico por tener trabajadores con discapacidad. “Puede tener un efecto multiplicador”, añadieron.
El legislador Rodrigo Agrelo señaló que el índice de desempleo en personas con discapacidad es actualmente del 66%, lo que representa un universo de 174.000 personas en edad de trabajar que no tiene empleo.
Accesibilidad edilicia
Por último, se dio tratamiento y respuesta a un pedido de informe (39447/R/24) referido al Plan Estratégico de Accesibilidad al edificio legislativo.
La comisión, que estuvo presidida por el legislador Carlos Carignano, acordó continuar con el tratamiento de los dos primeros proyectos en próximas reuniones.
