Ayer jueves tuvieron lugar dos nuevas reuniones virtuales entre algunas de las comisiones permanentes que integran la Legislatura de Córdoba.
Una de ellas consistió en una reunión conjunta entre la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y la de Legislación General, presididas por Juan Manuel Cid y Julieta Rinaldi, respectivamente. Ambos legisladores participaron desde el Palacio Legislativo, mientras que el resto de los integrantes lo hicieron por videoconferencia.
También desde la sede de la Legislatura estuvo presente el director general de Tecnología de Información y Comunicaciones del Ministerio de Seguridad de la Provincia, Daniel Pastorino. El funcionario fue convocado para brindar precisiones referidas al Proyecto de Ley 30064, modificatorio de la Ley 9380, que regula la utilización de videocámaras de seguridad.
El espíritu de la modificación consiste en incorporar, por parte de los municipios y comunas de Córdoba, la infraestructura con que la Provincia cuenta en materia de captación de imágenes, sumando también a los objetos. Esto permitiría, por ejemplo, trabajar con estos registros aplicados a los vehículos en el tema de la seguridad vial al nivel de los gobiernos locales, a través de la firma de convenios con el Gobierno provincial.
La modificación contempla que en todos los casos el Ministerio de Seguridad continuará siendo el organismo de aplicación, utilizando la infraestructura ya instalada. Asimismo permitiría que esta tecnología sea empleada no solo en los delitos y contravenciones provinciales, sino también municipales.
Pastorino precisó que la Provincia viene protegiendo la debida privacidad de las personas y la no violación de los protocolos. Prueba de ello es que, desde que se reglamentó la Ley 9380 hace trece años, no ha existido una sola presunción de violación a las normativas de seguridad establecidas en la ley ni en la reglamentación, ni planteos de ninguna clase por parte de instituciones o particulares.
Todos los registros son rigurosamente destruidos en tiempo y forma, sesenta días después de su captura. También se garantiza la utilización exclusiva del material en manos del personal estrictamente autorizado por orden judicial.
Cerca de los municipios y comunas
Por otra parte, los miembros de la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales también se reunieron por teleconferencia en la jornada de ayer.
El temario propuesto fue la interacción de los municipios con los ocho Centros de Operaciones de Emergencia (COE) dispuestos por la Provincia en su estrategia sanitaria, además de evaluar el cumplimiento de protocolos en aquellas actividades permitidas para la cuarta fase del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) originado en la pandemia de coronavirus.
Los legisladores que integran la comisión coincidieron en celebrar la conformación de los COE como órgano competente para asistir y colaborar con municipios y comunas, no solo en la acción sanitaria sino también en materia social, de seguridad y de control. “Son de gran ayuda”, expresó la legisladora Alejandra Piasco al hacer uso de la palabra.
Sobre los más de 50 protocolos elaborados por el COE, se repasaron aspectos que hacen a su aplicación por localidades o regiones, a la vez que se destacó la inclusión de amplias recomendaciones que facilitan el ejercicio de actividades sin desatender las medidas preventivas que evitan el contagio.
Otros de los temas relevados fue el referido a los requisitos de circulación durante el ASPO en aquellos casos excepcionales o que no están contemplados por el Decreto de Necesidad y Urgencia, tanto como la actualización de los radios municipales.
En el marco de la emergencia epidemiológica, las legisladoras y los legisladores renovaron su compromiso ante los gobiernos locales para ser “el nexo que permita ayudarlos a resolver los problemas del día a día”, tal como lo expresó Gustavo Eslava, presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
