La Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, que preside el legislador Raúl Latimori, comenzó con el tratamiento del proyecto 35728/L/22 que pretende declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación ciertos inmuebles de la localidad de Miramar de Ansenuza que se encuentran próximos a las orillas o bajo las aguas de la Laguna Mar de Ansenuza, también conocida como Mar Chiquita.
La iniciativa, que tiene como autores a los legisladores Ramón Giraldi y Alejandra Piasco, pretende que los terrenos en cuestión sean destinados a la realización de obras complementarias para contener las variantes de nivel de la Laguna, así como la realización de espacios públicos, la sistematización de las lagunas de retardo y la regularización de viviendas particulares bajo el agua. Todo esto enmarcado en el futuro desarrollo del Parque Nacional Ansenuza.
Precisamente, el legislador Giraldi explicó que la pretendida expropiación abarca “inmuebles que están debajo del agua, los inmuebles que están en la playa y algunos que están en la costanera y los que serán de las futuras lagunas de retardo, que servirán para contener el agua en caso de aumentos de nivel de esta Laguna que no tiene un cauce pacífico”, explicó el representante legislativo por el departamento San Justo.
El coautor del proyecto estimó en 646.881 metros cuadrados la extensión de los inmuebles involucrados, todos libres de ocupantes, los que estarían valuados en un total de 452 mil pesos, aproximadamente, según estimaciones de la Dirección General de Rentas.
Luego el legislador hizo un repaso por los momentos en que las aguas de la Laguna inundaron o retrocedieron, hasta la última inudación en el año 2003 y la construcción en el 2011 de la actual Costanera, “no solo sirve a los fines turísticos para permitir recorrer la vera de la Laguna, sino que sirve para contención, para evitar que se vuelva a inundar Miramar”, expresó Giraldi.
Para dar su parecer sobre el proyecto, estuvo invitado el intendente de Miramar de Ansenuza, Adrián Walker, quien favorecería a la autonomía que el municipio precisa “para poder intervenir en esos espacios que tienen dueños, que hoy no pueden intervenir por el plan de ordenamiento urbano que pudimos desarrollar junto a la Universidad Nacional de Córdoba, pero que nos vemos limitados en lo que hace al desarrollo costero y las intervenciones futuras que vamos a tener que hacer, en función de crecimiento y la protección de la localidad”, explicó el intendente.
Del mismo modo, se informó que en la actualidad no existe ninguna acción civil de tipo posesoria ni de recupero, así como tampoco juicios de propietarios o herederos que pretendan recuperar los inmuebles afectados por el agua.
Luego de analizar algunas cuestiones procedimentales, la reunión finalizó con el acuerdo de seguir el tratamiento en próximas reuniones.
También participaron de la reunión, el intendente electo, Gerardo Cicarelli, el secretario de Gobierno del municipio, Julio Escobar, el asesor legal del muncipio, César Pons, y demás profesionales que aportaron al proyecto.
