Los miembros de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos recibieron este martes a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Laura Echenique, para presentar los alcances del proyecto 37315, elevado por el Poder Ejecutivo, que establece modificaciones al artículo 32 de la actual Ley 8802.
El encuentro fue convocado por la presidenta de la comisión de Legislación General, Julieta Rinaldi, y el vicepresidente de Asuntos Constitucionales, Ramón Giraldi. .
La ministra Echenique explicó que el proyecto preocupa establecer “con fuerza de ley la obligatoriedad de respetar categórica y en forma irrestricta el orden de mérito que establezca el Consejo de la Magistratura”.
Cabe destacar que, mediante la Ley N° 8802, se creó en la provincia de Córdoba el Consejo de la Magistratura. Este organismo asiste desde entonces al Poder Ejecutivo en el procedimiento de selección de los magistrados de los tribunales inferiores.
Precisamente, el artículo 32 del mismo estatuto establece que el Gobernador podrá respetar el orden de mérito establecido por el Consejo de la Magistratura. Es decir que las normas vigentes dejan en cabeza del mandatario provincial la potestad de respetar o no el orden de mérito establecido por el organismo de selección.
Por eso, Echenique explicó la importancia de esta iniciativa.
“El objetivo es consolidar una buena práctica republicana. Hemos venido a solicitarle a este cuerpo la modificación del artículo 32, de manera tal que la expresión potencial ‘podrá’ sea reemplazada, para que no quede a modo discrecional de las distintas autoridades y responsables del poder ejecutivo”, indicó Echenique.
De esta manera, la propuesta es que el texto de la ley quede redactado de la siguiente forma: “El Gobernador remitirá a la Legislatura provincial los pliegos de los aspirantes a cargos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, de acuerdo al orden de mérito confeccionado por el Consejo de la Magistratura”.
“La intencionalidad de la modificación es de transparentar e instrumentar un mecanismo que garantice no la facultad discrecional del titular del ejecutivo, sino que quede determinado en la ley que los cargos de magistrados y funcionarios en la provincia de Córdoba se establecerán con respecto al orden de mérito que el Consejo así lo asigne”, cerró la Ministra.
