Reunión conjunta de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General.
CONVOCAN: Legisladores Juan Manuel Cid y Julieta Rinaldi
TEMARIO:
1) Proyecto de Ley Nº 35387/L/22, iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el artículo 577 de la Ley N° 8465, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, referido a las formas de realización de los bienes afectados a la ejecución.
2) Proyecto de Ley N° 35393/L/22, iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando los artículos 1°, 3°, 4° y 8° de la Ley N° 10555, de Procedimientos para los Juicios de Daños y Perjuicios que tramiten por el juicio abreviado según lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, propiciando la reducción de la duración del proceso, la inmediación del juez, mayor conciliación de conflictos y mayor calidad de las resoluciones.
3) Proyecto de Ley N° 36273/L/22, iniciado por las Legisladoras Rinaldi y Carrillo, asignando competencia en materia de violencia familiar y de género al Juzgado de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Villa Carlos Paz perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial, denominándose Juzgado de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar, de Género y Faltas.
4) Proyecto de Ley N° 36542/L/22, iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando los artículos 1° y 2° e incorporando los artículos 2 bis y 7° a la Ley 8550, de Depósito de Automotores Secuestrados en Causas Penales, disponiendo que el Tribunal Superior de Justicia los asigne en depósito con carácter provisorio y exclusivo para el uso del Poder Judicial, de las fuerzas armadas y de seguridad, y a fundaciones o asociaciones civiles de bien público., garantizando la trazabilidad de las entregas.
5) Proyecto de Ley N° 36449/L/22, iniciado por los Legisladores Rossi, Garade Panetta, Gudiño y Caffaratti, modificando los artículos 1 y 2 de la Ley N° 8550 -Depósito de automotores secuestrados en causas penales-, estableciendo que la resolución del Tribunal Superior de Justicia que disponga la afectación de vehículos esté fundada y sea pública, prohibiendo su utilización por parte de autoridades o integrantes de los poderes del Estado.
6) Proyecto de Ley N° 36499/L/22, iniciado por la Legisladora Irazuzta, modificando la Ley N° 8550 -Depósito de automotores secuestrados en causas penales-, estableciendo que tendrán prioridad en la entrega en depósito de vehículos judicializados las entidades del tercer sector, acreditando fehacientemente los motivos; y creando un registro público para que puedan ser individualizados.
7) Proyecto de Ley N° 36507/L/22, iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, modificando el artículo 1° de la Ley N° 8550, de Depósito de Automotores Secuestrados en Causas Penales, delimitando su uso a organismos públicos que tengan como finalidad la educación, salud, formación, capacitación y trabajo, acción social o seguridad; afectándolos para el uso específico de sus funciones previa acreditación fundada y validada por el Tribunal Superior de Justicia.
