Con la presencia de representantes de diversas organizaciones gremiales, la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social continuó discutiendo el proyecto de ley 35351/L/22, que pretende modificar las leyes número 9361, del escalafón para el personal de la Administración Pública Provincial, y 7625, sobre el régimen de personal del equipo de salud humana.
La iniciativa es del legislador José Pihen, quien presidió el encuentro, y está suscrita también por Diego Hak y Liliana Abraham. Se trata, concretamente, de la situación de revista, cobertura de cargos y llamado a concurso para el personal superior.
En la mañana del martes, expusieron sus puntos de vista los referentes de los gremios: Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Unión del Personal Superior de la Administración Pública Provincial (UPS) y Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA).
Natalia Recife, de la comisión normalizadora de UPCN, propuso incorporar, en el título segundo, artículo séptimo, un gremio firmante más en la paritaria como veedor para la autoridad de aplicación.
Héctor Bostico y Martín Cáceres, secretario de Difusión y secretario Gremial de UPS, respectivamente, pidieron modificar la redacción del artículo 7º, sustituyendo la palabra “título” por “ley”. “Si no, parecería que se extiende a toda la ley, como si el SEP (Sindicato de Empleados Públicos) tuviera injerencia en toda la ley”, explicó. Y reclamaron sustituir el apartado B del artículo 16 porque, al referirse al tramo superior, entienden que debería intervenir sólo UPS.
Por último, Nora Soria y Mario Molina, secretaria adjunta y miembro de la comisión directiva de ATSA, respectivamente, manifestaron estar de acuerdo en todos los puntos y pidieron, en el artículo 7, que los habiliten para formar parte de la comisión evaluadora tanto para los cargos de concursos para superiores como para quienes ocupan interinatos o suplencias.
El referido Artículo 7º dice: “CRÉANSE en el ámbito del Poder Ejecutivo, a los efectos de la aplicación de lo previsto en la presente Ley, Comisiones Evaluadoras que analizarán los títulos y antecedentes de los aspirantes a los cargos concursados, verificarán el cumplimiento de los requisitos exigidos en el llamado a concurso y elaborarán las correspondientes nóminas para proponer su designación. Las Comisiones serán constituidas por dos agentes designados por la Autoridad de Aplicación y uno por el Sindicato de Empleados Públicos”.
Estuvieron presentes, también, Luis Bazán, secretario General del Sindicato Vial de Córdoba (SIVIALCO), y Karina Rodríguez, de la comisión directiva de ATSA.
Despacho favorable
Las comisiones de Educación y de Ambiente trataron este martes un proyecto de adhesión de la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional N° 27.621, con el objeto de establecer el derecho a la educación ambiental integral como una política pública.
Se trata de una iniciativa de autoría de la legisladora Sara García, la cual postula que el Ministerio de Educación, en conjunto con la Secretaría de Ambiente, serán las autoridades de aplicación de la ley. De esa manera, dichas carteras “deberán definir e implementar las acciones de educación y gestión ambiental, en concordancia con las disposiciones de la Ley de Política Ambiental Provincial, en el ámbito de la educación formal, no formal e informal”.
Cabe destacar que la Ley Nacional N°27.621 establece a la educación integral como política pública nacional.
Además, el proyecto establece la creación de un Comité para la Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental Integral, del que participarán miembros de los equipos técnicos de las autoridades de aplicación y cuya integración será determinada por vía reglamentaria, debiéndose procurar la paridad de género.
Para finalizar la reunión, la legisladora Nadia Fernández destacó la obtención del despacho para ser tratado en el recinto de la Unicameral.
