La Comisión de Seguridad de la Legislatura de Córdoba, presidida por la legisladora Nadia Fernández, recibió este martes por la tarde a representantes del Observatorio de Seguridad y Convivencia del Copec, quienes presentaron un informe sobre la evolución y caracterización de las muertes viales en la provincia de Córdoba.
El informe fue elaborado en base a estadísticas correspondientes al territorio de la provincia de Córdoba, para el período enero 2023 a junio 2025. Los datos presentados provienen de información suministrada por la Dirección de Estadística y Análisis del Delito de la Policía provincial. Estos datos incluyen datos provisorios sobre las principales variables registradas.
“En este caso, el informe tiene que ver con los accidentes viales y sus características. Esto es muy importante, porque acá no hay sesgo sino que los datos ofrecen una fuerte garantía y rigor científico. Además, esta información ayuda en la toma de decisiones y en el trabajo con los gobiernos locales”, expresó Fernández.
Datos relevantes del informe
Algunos de los datos más significativos del informe indican que, en relación al total de víctimas del período analizado (enero 2023-junio 2025), la Capital concentra la mayor proporción de las víctimas fatales de siniestros viales de la provincia, representando un 18,5%, seguida de San Justo (9,8%) y Río Cuarto (8,7%). Los departamentos con mayores tasas semestrales de víctimas fatales por siniestros viales cambian cada año, destacándose Río Primero en 2023 con 17,9; San Javier en 2024 con 11,2; y General San Martín en 2025 con 13,2 víctimas cada 100.000 habitantes.
Por otra parte, la mayoría de los siniestros ocurrieron en una calle (43,3%), seguidos por rutas provinciales (27%) y rutas nacionales (24%). En menor medida, se registraron en autopistas nacionales (4%), autopistas provinciales (0,5%) y autovías (0,5%). Mientras que la colisión vehículo-vehículo es la más común (55%), seguida por vuelco/despistes (22%), colisión vehículo-objeto (12%), colisión vehículo-persona (11%) y otro (0,6%).
En relación a las 967 víctimas (surgen del acumulado durante dos años y seis meses, es decir 2023, 2024 y parte del 2025), la mayoría eran de sexo masculino. En su mayoría se transportaban en motocicleta (46%), seguido de automóviles (28%). Además, el 73% eran conductores (710).
La exposición estuvo a cargo de tres integrantes del Copec: Carla Tassile, vicepresidenta y directora del Observatorio de Seguridad y Convivencia; Victoria Romero Ratti, directora de Investigación y Proyectos; y Josefina Hails, del equipo técnico del citado Observatorio.
Regulación de limpiavidrios
En la reunión de este martes, los legisladores que integran la Comisión de Seguridad también trataron el proyecto de ley 43140, iniciado por el legislador Gregorio Hernández Maqueda, que modifica la ley 10.326, Código de Convivencia Ciudadana, sancionando a quienes soliciten o exijan retribución económica por la limpieza de los vidrios de un vehículo.
El proyecto incorpora a la ley 10.326 el artículo 60 bis, el cual establece: “Serán sancionados con hasta seis (6) días de trabajo comunitario o multa de hasta doce Unidades de Multa (12 UM) quienes solicitaran o exigieran retribución económica por la limpieza de los vidrios de un vehículo que se encuentra en marcha pero detenido en un semáforo”.
La iniciativa establece también que la autoridad de aplicación de la ley será el Ministerio de Seguridad provincial. Entre sus funciones, se destacan aquellas relacionadas a la generación de estadísticas permanentes en torno a la problemática; la generación de capacitaciones no aranceladas para los afectados; brindar medios ágiles para que se realicen denuncias anónimas; y la realización de un seguimiento particular de cada afectado, entre otras.
Proyectos sobre educación vial y ambiental
Este martes, otro de los proyectos tratados fue el 40314, iniciado por los legisladores Ariela Szpanin, Mauricio Jaimes, Alejandra Ferrero, Matías Gvozdenovich, Alfredo Nigro, Lucas Valiente, Miguel Nicolás, Oscar Saliba, Ariel Grich, Miguel Bottasso, José Bría, Víctor Molina, Inés Contrera, Carlos Carignano y Karen Acuña, para la creación del Programa de Educación Vial Intensiva.
El objetivo del programa consiste en la capacitación obligatoria sobre educación vial de toda la población educativa de la provincia de Córdoba, sea del ámbito público o privado correspondiente al nivel inicial, primario y secundario; y la realización de campañas de concientización para el público en general, en consonancia con las leyes nacional 24.449 y provincial 8.560 y sus modificatorias.
Estas acciones se realizarán en junio de cada año, con motivo de la celebración del Día Nacional de la Seguridad Vial (se celebra el 10 de junio) y en octubre de cada año, en el marco del Día Internacional de la Educación Vial (se celebra el 5 de octubre). En ambos meses, la primera semana de cada año.
Además, en sintonía con el proyecto anterior, la Comisión de Seguridad de la Unicameral dio tratamiento al proyecto de ley iniciado por el legislador Ariel Grich, el cual tiene por objeto incorporar la educación en seguridad vial como contenido obligatorio, transversal e integral en la currícula de los establecimientos escolares de la provincia de Córdoba.
Según se expresa en los fundamentos de la iniciativa, “esta ley tiene como finalidad promover la formación de alumnos con conocimientos, actitudes y comportamientos responsables en relación con el tránsito, la movilidad segura y el respeto a las normas de convivencia vial, con miras a la prevención de siniestros de tránsito”.
Por último, se dio tratamiento al proyecto de ley 39638, iniciado por la legisladora Ariela Szpanin, modificando el artículo 3° de la Ley N° 10823, adhesión a la Ley Nacional Nº 27621, de Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina, estableciendo que las autoridades de aplicación implementarán acciones de educación y gestión en concordancia con las Leyes Nros. 10208, ley Provincial Ambiental, 10463, ley provincial de Riesgo de Desastre y 8906, ley Provincial de Defensa Civil.
Este proyecto tiene por objeto establecer el derecho a la educación ambiental integral con perspectiva al desarrollo sostenible como una política pública, como así también, implementar acciones de capacitación y concientización que permitan prevenir y educar en la temática de Gestión de Riesgo de Desastres.
Todos los proyectos continuarán en tratamiento durante futuras reuniones de la Comisión de Seguridad.
