Las comisiones de Seguridad, de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de la Legislatura de Córdoba dieron despacho este miércoles al proyecto de ley para crear la Procuración Penitenciaria de la Provincia de Córdoba, un nuevo organismo dentro del Poder Judicial con plena autonomía funcional.
La iniciativa, impulsada por la legisladora Nadia Fernández, tuvo tratamiento previo en las citadas comisiones.
El proyecto propone la creación de un organismo dedicado al control del funcionamiento de establecimientos de detención. Esto incluye cárceles, alcaidías y cualquier otro espacio donde se ejecute una medida restrictiva de la libertad.
Entre las atribuciones centrales de la Procuración Penitenciaria Provincial, se encuentran la inspección y supervisión de todos los lugares de detención, la elaboración de recomendaciones y requerimientos formales a organismos estatales, y la capacidad de solicitar medidas urgentes frente a situaciones de vulneración de derechos, además de la facultad de generar acciones constitucionales o procesales conducentes a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad.
Fernández destacó que la iniciativa busca dotar a la Procuración Penitenciaria de suficiente fuerza y autonomía de actuación para mejorar las condiciones de funcionamiento de los establecimientos penitenciarios. En este sentido, señaló que se incluyeron “facultades para, por ejemplo, formular denuncias penales o hábeas corpus sobre actos, hechos u omisiones que pudieran constituir delitos de acción pública en contextos de privación de libertad”.
El diseño institucional contemplado prevé una Procuración Penitenciaria General, cuatro Procuraciones Adjuntas y dos Secretarías Técnicas.
Además, se dispuso la creación de la Comisión Especial de Seguimiento del Sistema Penitenciario y la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Este órgano estará integrado por legisladores, miembros de las universidades y de organizaciones de la sociedad civil. El procurador o procuradora penitenciario deberá presentar informes de gestión ante la comisión al menos una vez al año, en la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, recomendaciones y acciones institucionales.
Otro punto clave es la protección de las comunicaciones entre el organismo y las personas detenidas, que serán inviolables y no podrán ser objeto de controles ni interferencias por parte de ninguna autoridad.
En sus fundamentos, se destaca que el Estado tiene la obligación de asegurar condiciones adecuadas de detención y que esto exige contar con estructuras especializadas para evaluar riesgos, garantizar estándares y actuar ante situaciones que afecten derechos fundamentales.
Además, se aclara que la Procuración Penitenciaria no interferirá con el rol del Ministerio Público Fiscal ni con otros mecanismos de control existentes, sino que se sumará para fortalecer el sistema conforme a estándares nacionales e internacionales.
Durante la reunión, también se presentó un dictamen de minoría.
