La Comisión de Legislación General junto a la Comisión de Salud, trataron este martes el proyecto iniciado por el legislador Rodrigo Agrelo que propone modificar la Ley 10756, de adhesión a la Ley Nacional 27350, de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados, para exceptuar la autorización del “autocultivo de cannabis”.
El expediente 39134 que impulsa Agrelo, propone modificar los artículos 1° y 3° e incorporar el artículo 1° bis a la Ley N° 10756. La iniciativa impulsa que el artículo primero quede redactado de la siguiente forma: Adhiérase la Provincia de Córdoba a las disposiciones de la Ley Nacional Nº 27350 -Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados-, su reglamentación y demás normas complementarias, a excepción de aquellas que autoricen el autocultivo de cannabis”.
También propone que el artículo 2 señale: “Incorpórase el Artículo 1° Bis a la Ley 10.756 conforme al siguiente texto: Queda prohibido en el ámbito de la provincia de Córdoba el cultivo de cannabis, a excepción del que realice el Estado para, exclusivamente, la implementación, desarrollo y ejecución de la investigación médica y científica sobre el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados”. Y, por último modifica el artículo 3° de la ley 10.756, “para la adecuada implementación, desarrollo y ejecución de la investigación médica y científica sobre el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados” y detalla las facultades de la autoridad de aplicación.
“El problema central que pretende abordar el presente proyecto de ley es el siguiente: el autocultivo de cannabis (marihuana) y su uso medicinal no están directamente relacionados. Es decir que, quien cultiva marihuana para su propio consumo, no encontrará en ella la terapéutica necesaria para una dolencia”, señala en los fundamentos el legislador de Encuentro Vecinal.
Al mismo tiempo que aclara que “no es la adhesión a la Ley 27.350 lo que objetamos, de hecho, manifestamos nuestro acuerdo con eso, pero no podemos entender que, junto con el compromiso de realizar la tarea de investigación, se habilite el autocultivo y la manufactura doméstica, de una manera tal que no se cumple con los requisitos de seguridad, calidad y eficacia que se requiere al hablar de un fármaco”. Aclara, además, que no se opone “a la investigación, a la ciencia y a la medicina al servicio de las personas que requieran el uso de medicamentos derivados del cannabis. Creemos totalmente acertado que sea el Estado quien por sí o mediante acuerdo con el sector privado y organismos públicos sea quien monopolice el cultivo del cannabis con fines medicinales e investigación científica”. Argumenta además que en modo alguno hay “necesidad del autocultivo a través de la inclusión en el Reprocann (Registro nacional de personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales y/o terapéuticos)”.
En el marco de la discusión de este proyecto, participó de la comisión Karina Gatica, a cargo de la Dirección de Jurisdicción de Farmacia del Ministerio de Salud y referente provincial de Ariccame (Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal). Detalló cronológicamente el funcionamiento del Registro e informó que desde marzo, la Nación ha decidido suspender nuevas autorizaciones. Y aclaró que la Provincia no autorizó el autocultivo.
Los legisladores dieron un amplio debate sobre la cuestión del control y el trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal.
En este marco, se votó a favor de continuar el tratamiento del proyecto con la convocatoria de especialistas por parte de los distintos bloques políticos.
IVE
Seguidamente, los legisladores debatieron el proyecto 38561 iniciado por el Legislador Agrelo, disponiendo el ofrecimiento de realización de “una ecografía que permita observar al feto en el vientre materno previamente a cualquier proceso de interrupción del embarazo”.
Para esclarecer distintos aspectos de esa propuesta, estuvieron presentes Daniel Coffone, director general de Salud Reproductiva, Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud provincial; Celeste Guazzini, directora de Jurisdicción de Adolescencia, Juventudes y Adultez; Fernnado Ortiz, del equipo técnico de la Dirección de Jurisdicción de Adolescencia, Juventudes y Adultez del ministerio; y Mayca Balaguer, directora de Fundeps.
Básicamente el texto discutido señalaba en su artículo 1°: “Ecografía. Ofrecimiento obligatorio. Disponer que, previo a la realización de todo procedimiento de interrupción del embarazo previsto por la Ley Nacional N° 27.610 (Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE) y sus normas complementarias nacionales y provinciales, deberá ofrecerse obligatoriamente a la madre en forma escrita, clara y precisa la realización de una ecografía que permita voluntariamente observar al feto en su vientre, explicándole en dicha oportunidad el estadío de crecimiento en que se encuentra aquel, el estado de salud del mismo, y las características de la intervención a la que habrá de someterse y sus consecuencias físicas y psicológicas”.
Para Agrelo, el proyecto “no altera en modo alguno lo establecido en la Ley 26.529 respecto al consentimiento informado, sino que por el contrario lo que establece es un elemento objetivo más que refuerza la claridad en la información brindada al paciente en cumplimiento de los deberes del establecimiento sanitario y de los derechos del paciente”.
En ese sentido, los funcionarios del Ministerio de Salud, aseguraron que en la actualidad existe acompañamiento de la paciente en el marco de un abordaje integral que articula, también, el trabajo social y la salud mental. “El aborto ya se discutió en el Congreso de la Nación. Las ecografías se hacen. Ya que un médico solicita un medio complementario cuando se requiere, para hacer un diagnóstico, frente a una IVE por ejemplo se necesita saber la edad gestacional para conocer cuál es el procedimiento que corresponde”, dijo Coffone. Y Agregó: “Obligar a una ecografía, significa dilatar la prestación si no se requiere, y en tal caso incumple el espíritu de la ley 27.610”.
Mientras para Agrelo la normativa contribuiría a una “decisión libre e informada”, varios legisladores argumentaron que se trataría de una práctica dilatoria y para amedrentar a las personas gestantes.
Luego del extenso debate, esta iniciativa fue rechazada por la mayoría.
Por último, el legislador Agrelo solicitó – “en el marco de los artículos 4, 19 y 59 de la Constitución Provincial- el despacho favorable a su iniciativa 38393 , para dejar “sin efecto la aplicación de las disposiciones de la Ley Nacional N° 27610 -Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo-, salvo las que se encuentran en el Código Penal, en todo el territorio provincial.
Los legisladores también se pronunciaron por rechazar el proyecto por mayoría. “Solo en el Congreso hubo más de 800 expositores, se dio una discusión en extenso”, señaló la legisladora Brenda Austin.
“Los argumentos para este proyecto han sido superados. Es compatible proteger la vida con la Ley IVE, ese debate ya fue saldado. Además, la ley es de orden público”, dijo Mayca Balaguer.
Preside la Comisión de Legislación General María Victoria Busso y la Comisión de salud, Cristian Frías.
