Este martes, en una reunión conjunta, la Comisión de Ambiente y la de Legislación General de la Legislatura de Córdoba trataron un proyecto de ley que avanza en materia de sanciones ambientales y, por tanto, en la protección de los recursos naturales de la provincia. Por un lado, la iniciativa pretende ordenar y consolidar las disposiciones sancionatorias; y por otro, desdoblar la figura de quién controla y de quién juzga, es decir que modifica las facultades de la Policía Ambiental y crea el Tribunal Administrativo Ambiental.
Para profundizar el debate, los legisladores recibieron a la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores; y a integrantes de la Policía Ambiental de la provincia, entre ellos el secretario Adrián Rinaudo; la subsecretaria, María Victoria Muccillo; la directora de legales, María Victoria Merlo; y la subdirectora de Jurisdicción y Coordinación de Sumarios, María Eugenia Pastore.
“Es una mejora para la fiscalización y control ambiental. Es necesario avanzar en sanciones efectivas y hacerlas cumplir, porque el daño ambiental requiere de una actuación rápida”, dijo la ministra.
La iniciativa 41447/L/24 fue iniciada por los legisladores Miguel Siciliano, Abraham Galo, Walter Gispert, Julieta Rinaldi y María Victoria Busso, y en el cuerpo del texto explica que tiene un doble propósito:
- “Establecer con claridad los procedimientos y sanciones aplicables a quienes incumplan las normativas ambientales;
- Crear un órgano especializado, el Tribunal Administrativo Ambiental, encargado de resolver sobre infracciones y sanciones ambientales con independencia del organismo encargado de constatar las mismas, reforzando y agilizando el sistema sancionatorio”.
De esta manera, según señalan los impulsores entre los fundamentos, el proyecto “representa un avance significativo en la protección de los recursos naturales y el entorno, y en la consolidación de una gestión ambiental responsable y proactiva”.
Actualmente, en la provincia de Córdoba existen una multiplicidad de normas relativas a sanciones ambientales y que establecen unidades de multas diferentes. Por eso, entre las novedades que introduce esta posible futura ley se encuentra la unificación de la unidad de multa, que pasaría a medirse en litros de combustible; e incorpora sanciones combinatorias, esto significa la aplicación de nuevas multas en casos de incumplimiento de la remediación del daño ambiental causado. También, crearía un único procedimiento sancionatorio y administrativo ambiental.
“El fin último de las sanciones no es ni la recaudación ni el castigo, si no de disuadir y modificar la conducta infractora, generar conciencia y prevención”, explicó Merlo.
Además, el proyecto modifica las facultades de la Policía Ambiental, el órgano de fiscalización y control hídrico y ambiental en todo el territorio, el cual perdería su capacidad de juzgamiento y sanción, para que las tome el Tribunal Administrativo Ambiental, un órgano especializado que sería creado con esta norma.
“El objetivo de la ley es despegar los órganos de control de los de sanción, y poder fortalecer las funciones en cada una de las áreas. La finalidad es reducir los tiempos de los procedimientos para cuidar mejor el ambiente, lograr la visibilidad en la recomposición ambiental, y evitar el colapso en la resolución de las causas, entre otros objetivos”, resumió Rinaudo.
Luego de escuchar las explicaciones de los invitados, los legisladores resolvieron darle despacho favorable a la iniciativa para que continúe su camino hacia la sesión plenaria.
