Durante la novena sesión ordinaria del 146° período legislativo, la Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles la rendición de la Cuenta de Inversión del período 2023 del Estado provincial.
El presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto de la Unicameral, Ricardo Sosa, expuso los números de Córdoba y destacó el superávit que mantuvo la Provincia, que alcanzó los 95.600 millones en la Administración General centralizada y los $98.102 millones considerando toda la administración pública no financiera. Además, señaló que en 2023 se alcanzó un ahorro corriente del 26,6% de los ingresos netos de la administración general centralizada, superando el promedio de 20,1% registrado en el período 2015-2023 y consolidando 20 años de ahorro corriente en la Provincia.
Según explicó, “este logro se debe tanto a la optimización de los ingresos tributarios como a la reducción de los gastos corrientes, en un contexto económico y social a nivel nacional caracterizado por una caída interanual del 1,6% del producto bruto, una inflación del 211,4% y una significativa devaluación del tipo de cambio”.
“Con superávit se puede realizar obra pública y se puede pagar deuda. El ahorro corriente permitió la ejecución del mayor plan de obra pública de la historia de la Provincia, una inversión de 8.400 millones de dólares en el periodo 2015-2023. Las obras realizadas abarcaron tanto fines sociales como hospitales, escuelas, vivienda, saneamiento, agua potable, como otras con fines de desarrollo económico y productivo, rutas, gasoductos, conectividad y energía eléctrica”. Y luego agregó: “El sustancial impacto que tiene la inversión pública sobre el empleo y la actividad económica es indiscutible. Su poder dinamizador y multiplicador de las fuentes de generación de empleo, ya sea de manera directa o indirecta, han permitido que la provincia tenga los mejores ratios en la región en materia de actividad y empleo”, expresó Sosa en su presentación.
Por otra parte, se refirió a los avales institucionales con los que llegó la Cuenta de Inversión y los procedimientos contables, los cuales, indicó “cumplen con la totalidad de las normas”. De acuerdo a lo informado, la rendición llega al recinto tras haber cumplido con las siguientes normas contables: las establecidas por el sector público para los estados contables de la administración general centralizada; de la Federación Argentina de Profesionales de Ciencias Económicas; de administración financiera para el armado de la ejecución presupuestaria de todos los organismos, de la pauta establecida por la ley de administración financiera 10.835.
Tras la exposición de Sosa del bloque oficialista Hacemos Unidos por Córdoba, la oposición hizo uso de la palabra para dejar fundamentado su voto en contra y su abstención en este último caso del PRO. Rechazaron el proyecto los legisladores del Frente Cívico, de la UCR, de Encuentro Vecinal, Construyendo Córdoba, MST y Mejor Futuro.
Entre los argumentos para fundamentar el rechazo, los legisladores hicieron referencia a recomendaciones de los integrantes del Frente Cívico que integran el Tribunal de Cuentas de la Provincia; observaciones sobre la asignación de las partidas presupuestarias; mecanismos de contratación y desacuerdo con los valores presentados.
Pedidos de informes
Asimismo, quedó aprobado el pedido de informe sobre el Hospital Regional de Villa Dolores. Al respecto, la legisladora Carmen Ferreyra se refirió al estado edilicio tras las las lluvias estivales y las obras que debían hacerse para evitar inundaciones y garantizar el pleno funcionamiento del centro de salud.
En tanto, el legislador Cristian Frías aportó datos estadísticos que dan cuenta de la magnitud de las prestaciones. Dijo que en el último año se hicieron 3.127 estudios tomográficos, más de 5 mil ecografías y más de 17 mil radiografías, entre otras atenciones.
Pasada la medianoche, la Cámara resolvió por unanimidad volver a comisión el pedido de informes sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de obras en los centros educativos ProA de Villa Dolores, San Pedro y Mina Clavero.
Finalmente, se decidió volver a comisión el proyecto del legislador Juan Pablo Peirone, que propone redistribuir el 2,5% de lo recaudado por Ingresos Brutos que el Ejecutivo cobra a las empresas prestadoras de salud para el financiamiento de equipamiento sanitario a instituciones privadas, con el objeto de garantizar prestaciones de calidad.
