Las comisiones de Seguridad y de Derechos Humanos de la Legislatura de Córdoba recibieron este jueves a la tarde a una delegación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) que informó sobre la situación imperante en distintos ámbitos de encierro de la provincia, como cárceles, comisarías e instituciones penitenciarias para menores, además de brindar puntos de vista y responder preguntas de los legisladores.
La comitiva estuvo encabezada por el presidente del CNPT, Juan Manuel Irrazábal; la comisionada Rocío Alconada Alfonsín; y la directora del área Mecanismos Locales, Silvina Irrazábal. Estos funcionarios entregaron a la presidenta de la Comisión de Seguridad, Nadia Fernández, y a la titular de la Comisión de Derechos Humanos, Inés Contrera, el informe del seguimiento concretado en lugares de encierro de la provincia de Córdoba, que incluye entrevistas voluntarias a personas privadas de la libertad.
Se trató de una nueva visita a la Legislatura cordobesa de los comisionados del CNPT. La última vez que estuvieron, a mediados de 2024, se reunieron con los parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos y brindaron informes sobre las inspecciones efectuadas en diversos lugares de encierro.
Al darles la bienvenida a los delegados, Fernández dijo: “Nos interesa saber qué observaron en las inspecciones realizadas en la provincia, para tener más conocimientos de nuestro sistema penitenciario, y las recomendaciones que nos pueden hacer al respecto”.
Córdoba es una de las provincias que aún no tiene mecanismo local de prevención de la tortura. En este sentido, Fernández informó a los comisionados nacionales que se aguarda por un proyecto del Ejecutivo provincial para avanzar desde el ámbito legislativo y anticipó que, cuando eso ocurra, se encarará “un debate maduro y sincero”, para lo cual es indispensable “contar con información y datos” del CNPT.
Estuvieron presentes las legisladoras Luciana Echevarría, Karen Acuña, Ariela Szpanin, Stella Maris Peralta, Brenda Austin, Julieta Rinaldi y Silvina Jurich, además de Edgardo Russo. De manera virtual se sumaron Ignacio Sala, Raúl Figueroa, Graciela Bisotto, Nancy Almada, Dolores Romero y Viviana Martoccia.
Rol colaborativo y de cooperación
Irrazábal destacó la trascendencia de la reunión en la Unicameral, porque “la provincia de Córdoba es muy importante para el Comité”. Y agregó: “Nuestro rol es de colaboración, cooperación y diálogo constructivo con los tres poderes del Estado, tendiente a conseguir adecuadas políticas de prevención de la tortura”.
Habitualmente, los informes relativos a las inspecciones en ámbitos de encierro son entregados a las autoridades provinciales con recomendaciones puntuales. “Tuvimos una experiencia importante en Córdoba en 2024”, señaló. Y aseguró que el CNPT “sigue bregando para que Córdoba tenga su propio mecanismo local de prevención de la tortura”.
A su turno, Alconada Alfonsín afirmó que en los lugares de encierro de Córdoba “sigue habiendo tortura” y que los problemas principales detectados “son las sujeciones con ataduras y la administración de medicamentos, una práctica que no sucede en otras provincias”. Además, comentó que otra situación frecuente “es el hacinamiento, la sobrepoblación, aunque esto es común en todas las provincias”.
En tanto, Silvina Irrazábal instó a que los estados provinciales “fortalezcan la investigación de los hechos, realicen controles internos de las fuerzas de seguridad y creen organismos de control”.
Marco legal
En Argentina rige la ley 26.827, Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumano o Degradantes, en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, tratado internacional aprobado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que entró en vigor en junio de 2006.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura es el órgano rector de este sistema, un organismo estatal independiente cuya finalidad es prevenir estos hechos en cualquier institución argentina donde se encuentren personas privadas de la libertad.
