Este jueves, la Comisión de Ambiente de la Legislatura de Córdoba comenzó el tratamiento de un proyecto de ley que busca garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la Justicia en asuntos ambientales.
Se trata del expediente 42220, iniciado por la legisladora Brenda Austin, el cual propone la modificación de las leyes 7826 y 10208.
“Córdoba y Argentina, tienen normas interesantes sobre la materia, faltan algunas pequeñas modificaciones que garanticen la plena vigencia de estos derechos”, sostuvo la autora de la iniciativa y continuó: “El objetivo es hacer una revisión de las normativas de la Provincia en la materia, para adecuar, modificar e incorporar artículos nuevos en torno a estas tres variables: acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.
Según explicó la legisladora la iniciativa se sustenta en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, el cual se destaca por ser el primer tratado regional vinculante en materia ambiental.
En la reunión, a modo de resumen introductorio al tema, Austin detalló aspectos de tres de los cinco títulos que presenta el texto. En ese sentido, respecto del acceso a la información habló de transparencia activa, “la obligación de los funcionarios públicos a que la información, en este caso ambiental, esté disponible”.
Luego, se detuvo en el concepto de participación pública, aduciendo que se requiere “mayor precisión sobre qué se entiende al respecto y pensarla en un sentido más amplio que solo las audiencias públicas. Más bien, como herramientas que garanticen una participación activa”.
Finalmente, se refirió al punto sobre el acceso a la Justicia. “El proyecto retoma la creación de fiscalías específicas que avancen sobre los delitos ambientales, tanto en lo civil como en lo penal”, aclaró.
La reunión de la comisión fue encabezada por su presidente Abraham Galo y contó con la participación de legisladores, tanto en la sala de la sede legislativa como vía web. Durante el encuentro también analizaron distintos pedidos de informe que fueron archivados; dos de ellos con salvedades: uno con un pedido de ampliación de información y giro a la Comisión de Servicios Públicos (40380), y otro con actualización de las respuestas (41283).
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