La Ley Córdoba Inclusiva plantea la conveniencia de abordar a la discapacidad desde una perspectiva de inclusión social, con foco en la accesibilidad, la participación, el reconocimiento de la diversidad y el respeto. Con ella no solo se busca quitar las barreras que obstaculizan la participación de las personas con discapacidad en los ámbitos del Estado. También propone transformar el desconocimiento y los modos victimizantes, en formas adecuadas de dirigirse a las personas con discapacidad

Así, la normativa establece una formación obligatoria y continua en el trato adecuado a personas con discapacidad y la accesibilidad universal de los espacios de dominio y uso públicos, para los agentes de los tres poderes del Estado. En las capacitaciones, los contenidos se anclan desde un paradigma basado en derechos donde el concepto de discapacidad deja de ser “un atributo de la persona”, y se presenta como “una característica intrínseca de la condición humana, un hecho universal”, a la que toda la población está potencialmente expuesta.